Graciela Touzé: «La reforma de la política de drogas debe ser integral»

Graciela Touzé es Trabajadora Social por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Ciencias Sociales y Salud por FLACSO. Además participó en la conformación de la Asociación Civil Intercambios, de la cual fue presidenta y actualmente es asesora institucional.

Intercambios AC fue fundada en 1995 y se convirtió en una institución líder en la promoción de una postura más flexible sobre las drogas. Desarrolló investigaciones y trabajos de campo en temáticas vinculadas con el VIH/Sida y el consumo de drogas. La organización enmarcó el problema de las drogas ilícitas desde una perspectiva de salud y derechos humanos, promoviendo estrategias alternativas como la reducción de daños.

Repasando los gobiernos populares en América Latina, ante la pregunta sobre si no tienen una deuda con las reformas a las leyes de drogas, Touzé distingue dos momentos del siglo XXI, donde de manera pendular hubo giros de avances y retrocesos: “Hasta los primeros años pasada la primera década, con Evo Morales, Lula, Chávez, Correa, Néstor y Cristina, se dio lugar a plantear una mirada diferente en relación a la política de drogas muy interesante donde había pocos antecedentes”.

Uno de los principales logros, de dichos gobiernos populares, que resalta la Lic. Touzé, fue cuando Bolivia denunció la Convención sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, que considera a la hoja de coca como droga en su estado natural y proscribe, asimismo, el masticado. Evo Morales viajó a Viena en 2011, al encuentro de la ONU, con hojas de coca para revindicar su valor cultural.

«Quizás fue muy poco conocido en nuestro país. Pero fue muy complejo y poco acompañado a nivel internacional, a excepción de América Latina. Quedó inmortalizado Evo Morales, con una hoja de coca en la mano diciendo ´por esto me van a meter preso´«, refiere la ex integrante del Consejo Asesor Científico Ético de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar).

Luego de denunciar la Convención del año 61, Bolivia solicitó su adhesión, pero con una reserva: despenalizar el masticado de la hoja de coca y la consideración internacional sobre las propiedades medicinales del arbusto, que es utilizado como insumo básico de la cocaína. La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional protege a la coca como parte de su patrimonio cultural y establece que en su estado natural no es un estupefaciente.

En 2003 la Asociación Civil Intercambios organizó la primera Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas que abrió el debate sobre la despenalización de la posesión de drogas durante el gobierno de Néstor Kirchner. El evento fue patrocinado por la Organización  Panamericana de la Salud (OPS) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida).

De la conferencia se recuerda el rechazo a la implementación del enfoque punitivo patrocinado por los Estados Unidos en las subregiones de América Latina y el Caribe. A posterior el Ministerio de Salud, encabezado por Ginés González García, lanzó la campaña, coordinada por Intercambios AC, de entrega de jeringas y preservativos a los consumidores de drogas en CABA y Gran Buenos Aires.

Otro de los puntos de inflexión que destaca la investigadora Touzé, fue el caso uruguayo de 2013: “A nivel internacional ocurre algo muy llamativo que América Latina, a nivel mundial, toma un lugar de impulso de reforma en políticas de drogas a través de la regulación de la marihuana en Uruguay. Fue como un punto de inflexión en la región y a nivel mundial”.

Sin embargo en la región los países no han seguido el modelo de Uruguay, en cambio han avanzado sobre un mercado más industrializado como cannabis medicinal que posee un fuerte lobby empresarial de los laboratorios.

Para Touzé, este primer movimiento progresista sobre la reforma al abordaje de políticas de droga, tiene su conclusión cuando en 2016 las Naciones Unidas “ya habla de la política de drogas con relación a derechos humanos y perspectiva de género”.

En la cumbre de presidentes de la región de 2012, Juan Manuel Santos de Colombia, forjó una resolución hacia la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezado por Miguel Insulza, para convocar al debate del tema. Para sorpresa, la OEA realizó un trabajo amplio con profesionales de todas las regiones -informe internacional y de escenarios- sobre qué pasaría de acá a 20 años, y uno de esas variantes fue la regulación del mercado de drogas.

De este movimiento pendular, la investigadora y docente ve una retracción de los gobiernos progresistas de la región y un recrudecimiento de miradas conservadoras. “En nuestro país fue muy claro esto. Una presencia muy marcada de las iglesias, tanto evangélicas como las católicas, en la definición a la mirada sobre las políticas de drogas”, observa Touzé, quien participó del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Educación y Prevención de las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas del Ministerio de Educación de la Nación desde 2010.

Paradojalmente en Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, donde aumentaron los gastos en combatir el narcomenudeo y la persecución de usuarios, se aprobó Ley de Cannabis medicinal 27350 con una reglamentación muy restrictiva, que en 2020 fuera nuevamente reglamentada.

“Ahora estamos en un momento de signo de interrogación. El péndulo empezó a moverse nuevamente, con Boric en Chile y Petro en Colombia con un discurso fuerte en las Naciones Unidad. Hay que ver hasta donde lo puede contener y podría llegar a ser quien lidere esta discusión”, repasa Touzé.

-¿Cuál es el panorama en Argentina?

“En nuestro caso, acá está confuso. Ha habido algunas cuestiones, que en un punto son interesantes, como quitarle a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) todos los temas relacionados a tráfico y pasarlo al Ministerio de seguridad. Esto es interesante, es otra perspectiva”, responde Touzé.

“Falta más apoyo de políticas públicas y fundamentalmente una discusión más clara con relación al debate de la reforma de la ley de droga. Nadie quiere tomar la papa caliente de la despenalización, de llevar adelante por lo menos la eliminación de esa figura retrógrada de la penalización al consumo personal, ya declarado inconstitucional”, continúa Touzé.

Y agrega: “Es inentendible que sigamos teniendo sectores que sigan diciendo ´la sociedad todavía no está preparada para la despenalización´. Basta de esto”, enfatiza. “Yo creo que fundamentalmente opera en medios hegemónicos que mantienen un discurso que impacta en la opinión pública. Y hablando con muchos funcionarios, vos escuchas que dicen: ´si yo estoy de acuerdo, pero es pianta voto´”.

Para finalizar, aclara que “desde Intercambios AC estamos de acuerdo en los avances de lo medicinal, pero creo que puede ser una trampa si nos satisfacemos solo con esto. Me parece que en ese sentido está muy acotado en salud y corremos el riesgo de salir de la penalización, criminalización e irnos para el lado de la medicalización que tampoco quisiera que este fuera un tema que terminara medicalizado.  La reforma de la política de drogas debe ser integral”.

“A los usuarios de drogas se los inscribe socialmente en un proceso que entrecruza dos lógicas: la sanitaria, de cura, y la punitiva, de control. La percepción social dominante encadena conceptualmente droga-sida-delito-inseguridad ciudadana y legitima mecanismos coercitivos de control encarados tanto desde el Estado (represión penal) como inscriptos en la vida cotidiana formando parte de las representaciones sociales”, extracto del informe realizado por Graciela Touzé, Discursos, políticas y prácticas publicado por Intercambios AC (2006) .