En abril, a partir de la conversación con el Dr. Carlos Alberto Magdalena, quedó en evidencia la urgencia de avanzar hacia una regulación provincial integral del cannabis medicinal.
El objetivo de fondo es claro: aportar una estructura sólida y real a los múltiples actores que interactúan en la provincia de Buenos Aires, abarcando desde las organizaciones sociales y municipios, hasta el sistema público de salud y un entramado productivo de diversas modalidades.
Precisamente para dar respuesta a esa necesidad estructural, hoy el gobierno de Axel Kicillof dió un nuevo paso dentro del marco del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico al crear formalmente el Consejo Consultivo Asesor mediante la Resolución 4917/2026.
El organismo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud bonaerense y tendrá la misión de asesorar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas vinculadas al cannabis terapéutico y medicinal en la provincia.
Institucionalización y participación
Más que un órgano administrativo, el Consejo aparece como una herramienta para institucionalizar la participación de los distintos actores que forman parte del ecosistema cannábico bonaerense.
Según la resolución, estará integrado por un máximo de 30 representantes del ámbito científico-académico, sanitario, profesional, organizaciones de la sociedad civil, municipios y otros sectores vinculados a la temática.
Para la selección, se tendrá en cuenta la diversidad territorial, equidad de género y pluralidad de perfiles técnicos, cuyas tareas serán desempeñadas ad honorem.
Ahora bien, Buenos Aires no es la única provincia que avanza en la temática: Jujuy desarrolla su participación con Cannava, una empresa estatal con fuerte perfil industrial y farmacéutico; Santa Fe avanza a través de su Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis Medicinal, Acuicultura y Agroecología; y San Juan consolida su sociedad estatal CANME orientada a la investigación médica y el abastecimiento sanitario.
A este mapa se suman La Rioja y Misiones, que apuestan a la investigación científica y el desarrollo biotecnológico; Mendoza, que además de potenciar el sector con su capacidad agroindustrial, innovó al habilitar un registro de prescripción para veterinarios; Corrientes, que ya colocó en farmacias la producción de su sociedad estatal Caá Cannabis; y Chaco, que proyecta su inserción en el mercado internacional a través de exportaciones hacia Nueva Zelanda.
El mapa federal y la identidad bonaerense
¿A qué apunta el Consejo bonaerense? Con dicho mapa federal, la Provincia de Buenos Aires parece orientarse hacia un modelo que busca integrar varias de esas dimensiones: esta característica puede observarse en las funciones asignadas al Consejo Consultivo Asesor, que incluyen el acompañamiento en materia normativa y de gobernanza, la promoción de líneas de investigación científica, el asesoramiento sobre producción pública de derivados de cannabis y la formulación de recomendaciones destinadas a garantizar el acceso equitativo a tratamientos terapéuticos y medicinales.
Desde 2024, la Provincia de Buenos Aires viene consolidando un camino orientado a institucionalizar y regular el sector del cannabis, sosteniendo el acceso a la salud como eje prioritario. Este proceso encuentra su motor en la pluralidad de actores que integran el ecosistema cannábico, la urgencia de fortalecer el sistema sanitario y la necesidad de generar herramientas de desarrollo frente a la caída del empleo provocada por el contexto macroeconómico nacional.
El cooperativismo como motor productivo
En este escenario, la capacidad productiva instalada, el conocimiento técnico acumulado y la histórica militancia cannábica resultan factores diferenciales para la provincia. Son estos elementos los que orientan la intervención del Estado hacia un modelo estratégico que busca articular activamente con los actores del sector privado y de la economía social.
Una muestra concreta de esta orientación se observó esta semana durante la jornada «Cooperativismo Cannábico Bonaerense», organizada por la Federación Cannábica Bonaerense (FeCannBo) junto al Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), reuniendo en un mismo espacio cooperativas, especialistas y funcionarios de distintas áreas del gobierno provincial.
La actividad puso de manifiesto la magnitud del sector organizado: una cantidad considerable de cooperativas se inscribieron para participar del relevamiento impulsado por el IPAC, confirmando la existencia de un entramado productivo y asociativo que excede ampliamente los registros formales existentes.
El instrumento relevará dimensiones institucionales y territoriales, el grado de formalización jurídica, aspectos socioeconómicos y productivos, el desarrollo comercial y las principales necesidades y desafíos de las organizaciones.
El objetivo es doble: por un lado, visibilizar y dimensionar el entramado cooperativo existente y, por otro, generar información sistematizada y actualizada que permita diseñar políticas públicas específicas para el sector.
Asimismo, se planteó la necesidad de reconocer institucionalmente a las cooperativas cannábicas como actores específicos del ecosistema productivo, superando la situación actual en la que muchas de ellas deben inscribirse bajo otras figuras para poder funcionar.
El debate también permitió delinear algunos de los principios que parecen orientar el emergente modelo bonaerense: el fortalecimiento de la salud pública mediante el acceso a tratamientos terapéuticos; la generación de empleo formal y el reconocimiento de los trabajadores vinculados a la cadena de valor del cannabis; el impulso a la producción local y a la economía social; y la construcción de políticas públicas basadas en evidencia, datos y participación de los actores territoriales.
En definitiva, la creación del Consejo Consultivo Asesor y la puesta en marcha de herramientas de diagnóstico y relevamiento sugieren que la Provincia de Buenos Aires busca construir un modelo propio de desarrollo del cannabis.
A diferencia de otras experiencias provinciales centradas predominantemente en la producción farmacéutica o la inserción exportadora, el caso bonaerense parece orientarse hacia una estrategia integral que combina salud pública, investigación, producción y economía social, apoyándose en la generación de evidencia y en la participación de los actores territoriales para diseñar políticas de largo plazo.
El Secretario General de la Fecannbo, Damian Pereyra, señaló que Buenos Aires tiene una escala y una complejidad que la convierten en un caso único.
«Es más extenso que Uruguay, concentra cerca del 40% de la población argentina y reúne una enorme diversidad de economías regionales, capacidades productivas y realidades sociales», afirmó e indicó que cualquier política pública vinculada al cannabis y al cáñamo requiere «planificación, responsabilidad y una regulación inteligente».
Para Pereyra, la Provincia tiene la oportunidad y la responsabilidad de construir un modelo propio que integre salud pública, investigación científica, producción, trabajo y economía social.
«Un modelo gradual, participativo y basado en evidencia, capaz de dar respuestas a la diversidad de actores que conforman el ecosistema cannábico bonaerense», aseguró.
El Secretario de la Fecannbo insisitió en que si se diseña y consolida una política pública que funcione en una provincia de esta magnitud, «estaremos generando una experiencia de enorme valor para todo el país. No para replicarla de manera uniforme, sino para aportar herramientas, aprendizajes y marcos de referencia que puedan adaptarse a las particularidades de cada provincia».
«En ese sentido, Buenos Aires puede convertirse en el punto de partida para la construcción de una verdadera estrategia federal del cannabis y el cáñamo, respetando las identidades productivas de cada región, pero compartiendo una misma visión de desarrollo, acceso a la salud y generación de oportunidades», concluyó.
