En la antesala del Consejo Consultivo Asesor provincial, el Dr. Carlos Magdalena plantea la necesidad de ordenar el cannabis como política pública integral, articulando salud, producción y acceso en todo el territorio bonaerense.
En un contexto nacional atravesado por la fragmentación del sistema sanitario y dificultades en el acceso a tratamientos, la Provincia de Buenos Aires vuelve a posicionarse como un territorio clave para avanzar en una política pública integral en materia de cannabis terapéutico.
En este escenario, el Dr. Carlos Alberto Magdalena, Ex Jefe a Cargo de la Sección de Neurofisiologia y Epilepsia del Hospital de Niños R. Gutierrez de CABA. Ex Director del Curso Superior de Formación de Especialista Médicas y Médicos en Neuropediatria dependiente del Departamento de Educación Médica Continua de la UBA. Delegación Hospital de Niños, retoma centralidad como referente de un enfoque que propone superar la lógica de experiencias aisladas y avanzar hacia un modelo estructurado que integre salud pública, desarrollo productivo y una estructura de funcionamiento articulada.
Impulsor de las primeras ordenanzas municipales que, entre 2019 y 2021, incorporaron el cannabis medicinal en distintos distritos bonaerenses, su planteo actual no se limita a recuperar esas experiencias, sino a proyectarlas a escala provincial.
De los territorios al sistema
Las iniciativas desarrolladas en distintos municipios, basadas en producción comunitaria, acceso sanitario y articulación con organizaciones, constituyen hoy un punto de partida concreto.
Sin embargo, la ausencia de una regulación provincial integral ha limitado su alcance, generando fragmentación y dificultades en la sostenibilidad de los dispositivos.
“El problema no fue conceptual ni territorial. Fue la falta de una estructura que organice el sistema en su conjunto”, señala Magdalena.
Experiencias recientes que se vienen desarrollando en distintos municipios de la provincia muestran la vigencia de este modelo: la creación de dispositivos de salud en hospitales locales junto con ordenanzas de cultivo comunitario orientadas al abastecimiento sanitario consolidan un entramado territorial que ya existe y funciona.
Este tipo de esquemas, replicados en distintos municipios, configuran una red de producción y acceso que requiere ser reconocida, integrada y escalada.
“No estamos hablando de algo a crear desde cero. Estamos hablando de algo que ya está en marcha y necesita ser ordenado», aseguró.
Regulación y planificación
El eje central del modelo es estructurar la regulación en función del ciclo completo del cannabis: producción, transformación, distribución y acceso.
Este enfoque permite evitar vacíos regulatorios, reducir desigualdades y garantizar condiciones de calidad y trazabilidad en toda la cadena. “La regulación tiene que ordenar todo el ciclo. Si no, el sistema se fragmenta y termina generando exclusión.”
En este sentido, antecedentes como el proyecto de ley provincial impulsado por el Ejecutivo bonaerense (PE 12-20/21) ya planteaban la necesidad de avanzar en un marco regulatorio integral que articule salud, producción y desarrollo, aunque su falta de continuidad dejó ese proceso inconcluso.
Para retomar ese camino, resulta clave avanzar en una articulación interministerial efectiva que integre salud, producción, ciencia y tecnología en una estrategia común.
Pero además de la articulación, el desafío central es dotar a esa regulación de una planificación concreta y sostenida en el tiempo. En este punto, la posibilidad de estructurar un plan trienal o quinquenal de implementación aparece como una herramienta clave para ordenar el desarrollo del sector.
Este tipo de planificación permitiría establecer una secuencia progresiva de implementación, contemplando las distintas dimensiones del sistema, sanitaria, productiva y regulatoria, y evitando avances desarticulados.
Al mismo tiempo, habilitaría la definición de prioridades territoriales en función de las capacidades existentes y las necesidades de acceso, promoviendo una expansión ordenada del modelo en toda la provincia.
En ese marco, resulta fundamental la integración progresiva de los distintos actores involucrados, incluyendo organizaciones sociales, municipios, el sistema público de salud y el entramado productivo, garantizando su participación dentro de un esquema regulado.
A su vez, la planificación aporta previsibilidad para el desarrollo de la cadena de valor, generando condiciones más estables para la producción, la inversión y la consolidación de capacidades técnicas y científicas.
“No alcanza con una norma. Hace falta un plan que ordene cómo se implementa», afirmó el profesional.
La Provincia cuenta con escala y capacidad institucional para pasar de experiencias parciales a un sistema organizado, con planificación, continuidad y capacidad de implementación real.
Salud pública, medicamentos y accesos.
La integración del cannabis al sistema de salud implica dejar de abordarlo como una práctica excepcional.
Esto requiere herramientas concretas: un vademécum provincial, un botiquín básico en atención primaria y la formación de equipos de salud en todos los niveles, especialmente donde se concentra la mayor demanda.
En este punto, la incorporación y formalización de áreas de endocannabinología dentro de la estructura del sistema público de salud aparece como una condición clave para garantizar calidad en la atención.
Esto implica su desarrollo en todos los niveles de atención, desde los centros de atención primaria hasta los hospitales de mayor complejidad, integrando el abordaje del cannabis dentro de la práctica médica.
En el territorio bonaerense, instituciones como la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” se presentan como espacios estratégicos para impulsar este proceso formativo a escala.
A su vez, la incorporación del cannabis terapéutico puede contribuir a reducir el uso de fármacos más agresivos y optimizar recursos del sistema sanitario.
En este marco, el avance de la política provincial orientada a la producción pública de medicamentos y el fortalecimiento de un sistema farmacéutico bonaerense abren una oportunidad estratégica para integrar el desarrollo de derivados de cannabis dentro de una política sanitaria más amplia.
“La discusión del cannabis también es una discusión sobre cómo se producen los medicamentos y quién garantiza el acceso», señaló Magdalena.
Esto implica no solo garantizar acceso, sino también desarrollar capacidades productivas, tecnológicas y de investigación, en articulación con laboratorios públicos, privados y el sistema científico.
La consolidación de una red de laboratorios y la incorporación de la endocannabinología dentro del sistema de salud aparecen así como pasos necesarios para integrar práctica clínica, formación profesional e innovación.
De la materia prima al valor agregado
El modelo plantea una articulación directa entre salud y desarrollo productivo.
La Provincia de Buenos Aires cuenta con condiciones para impulsar una cadena de valor integral que incluya cannabis medicinal y cáñamo industrial, avanzando desde la producción de materia prima hacia la transformación y el desarrollo de derivados con estándares de calidad.
En este proceso, las universidades públicas cumplen un rol estratégico como nodos de investigación, desarrollo genético, innovación tecnológica y formación profesional.
Existe capacidad instalada para avanzar en este camino, aunque su consolidación requiere financiamiento, planificación e integración dentro de una estrategia provincial.
El desarrollo de derivados, como cosmética, alimentos o productos industriales, permite ampliar la base productiva, generar empleo y fortalecer economías regionales.
Organizaciones sociales: sujeto clave de la política pública
Las organizaciones sociales han cumplido un rol central en el acceso al cannabis en la Provincia de Buenos Aires, sosteniendo durante años tareas de producción, acompañamiento a pacientes y generación de conocimiento en contextos de vacíos regulatorios.
Este proceso dio lugar a un sistema de hecho, donde el acceso existe, pero sin un marco institucional que garantice condiciones de equidad, calidad y trazabilidad. “No hay que reemplazar esa experiencia, hay que integrarla. Es el punto de partida», aseguró Magdalena.
Las ordenanzas municipales de cultivo comunitario reflejan esa construcción territorial: esquemas organizados que producen y abastecen materia vegetal con fines sanitarios, y que hoy conforman una red incipiente con anclaje local.
Sin embargo, la discusión actual ya no puede limitarse al reconocimiento del autocultivo o a respuestas parciales. Las dinámicas del REPROCANN, si bien buscan dar contención a una demanda creciente, conviven con una realidad más compleja: miles de organizaciones continúan sin reconocimiento formal, a pesar de sostener gran parte del acceso en los territorios.
“Hoy el sistema funciona de hecho, pero no de derecho.”
El desafío, entonces, ya no es solo habilitar, sino organizar. Esto implica pasar de un esquema basado en excepciones y permisos individuales a un modelo integral que articule producción, atención y acceso dentro del sistema público.
En este sentido, la Provincia de Buenos Aires se encuentra ante una oportunidad estratégica. Por su escala, su entramado territorial y su capacidad institucional, puede consolidar un modelo que integre salud, desarrollo productivo y organización del sistema.
Para que ese proceso sea sostenible, resulta imprescindible avanzar en esquemas de planificación que permitan ordenar el crecimiento, definir prioridades y garantizar la integración de los distintos actores.
“El cannabis es salud, pero también trabajo. Puede mejorar la calidad de vida y ordenar el gasto sanitario», explicó el profesional de la salud.
La transición de la emergencia a un sistema integrado no depende únicamente de reconocer lo existente, sino de construir una política pública que le dé marco, escala y continuidad.
“Sin la incorporación y formalización de áreas de endocannabinología dentro del sistema público de salud, desde los centros de atención primaria hasta los hospitales de mayor complejidad, el cannabis seguirá reducido a permisos individuales. Integrado al sistema, en cambio, puede convertirse en una política pública capaz de garantizar acceso, ordenar la producción y transformar la salud, el trabajo y la producción», concluyó Magdalena.
