Así lo anunció su titular Daniel Filmus en la presentación del Programa de financiamiento que incentiva el estudio del cannabis y cáñamo para uso medicinal, terapéutico y paliativo, sus usos clínicos y/o industriales, y los aspectos sociales y culturales asociados.
El Estado vuelve a avanzar sobre la cuestión socialmente problematizada: cannabis medicinal y cáñamo industrial como política pública. Esta vez no fue protagonista el Ministerio de Salud, ni Desarrollo Productivo, sino Ciencia, Tecnología e Innovación, con Daniel Filmus, quien ya se había mostrado públicamente la semana pasada en Agrogenética Riojana, sociedad mayoritaria del Estado provincial, a la vanguardia del cultivo de cannabis.
En el Centro Cultural de la Ciencia se presentó hoy el Programa de Investigación y Desarrollo en Cannabis, que ofrecerá $250 millones en financiamiento a proyectos en investigación y desarrollo en cannabis, el cáñamo y sus derivados para uso medicinal, terapéutico y paliativo, sus usos clínicos y/o industriales, y los aspectos sociales y culturales asociados.
“Es un movimiento social el que puso este tema en agenda, y es el Estado el que tiene que llevarlo al alcance de todas y todos. La ciencia es la que legitima, sin ciencia no hay más que un debate desde el sentido común. Lo que viene a dar la ciencia son los argumentos científicos para poder legitimar estas demandas”, expresó el ministro Filmus.
“Más investigación para garantizar la calidad de aquello que llegue a la población. Hoy nos toca a los científicos y científicas avanzar para dar elementos al desarrollo productivo y mejorar el beneficio a la salud”, respondió el ministro a la prensa. En el contexto en el que la Ley de Industrialización, aún sin quórum para ser votada en Diputados, se ve acorralada por estos avances, así como el Registro de las Variedades de Semillas Nacionales, la reciente creación por parte de la ANMAT de la categoría vegetal o los cultivos aprobados ya dando sus primeras cosechas.
El evento contó con dos paneles, uno dedicado a la presentación del programa en el cual participó el Subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Nuñez, la Presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana Franchi y la investigadora del CONICET y titular de la Red de Cannabis Medicinal (RACME), de forma virtual, Silvia Kochen: “Creo que es un hecho muy importante, esto significa poder producir conocimientos que es la base para todo un desarrollo que consiste en mejorar la salud de vida de nuestra población y además una posibilidad de producción. Desde la RACME celebramos la iniciativa”, comentó la investigadora Kochen a este medio.
El segundo panel contó con la presencian de las diputadas Mara Brawer y Carolina Gaillard; la abogada y legisladora de la Ciudad, Lucía Cámpora; y representantes de ONGs y de la sociedad civil, como Mamá Cultiva (MCA): “Nos parece importante reconocer que hubo investigadores e investigadoras que nos vienen acompañando desde antes de la ley 27.350 en los cuales nos fuimos apoyando. Pusieron en riesgo su carrera, sus puestos de trabajo en función de acompañar a la sociedad. Hubo cultivadores y cultivadoras, usuarios y usuarias, que vienen sosteniendo el uso de la planta a pesar de la prohibición y es a elles a quien debemos reconocerle la construcción de saberes”, expresó Valeria Salech, presidenta de MCA.
Entre otras exposiciones, estuvo la palabra de la investigadora del Instituto de Recursos Biológicos del INTA y responsable titular ante el Consejo Consultivo Honorario (CCH) de la Ley 27350, Carla Arizio: “Desde el INTA pudimos sortear la falta de financiamiento desde el 2017, aliándonos con distintos actores: el sector empresario, municipios, provincias y ONGs. Eso nos permitió dar los primeros pasos. Hoy festejamos la existencia de una línea de financiamiento del Estado porque nos va a permitir pensar otras líneas de investigación y nuevas alianzas. Quiero resaltar que el INTA fue convocado para ser escuchado ya que todos los asistentes tenemos misiones y visiones diferentes y todas fueron plasmadas en este programa”.
También participaron del panel Darío Andrínolo, Investigador Independiente del CONICET (CCT La Plata); Daniel Sorlino, Ingeniero Agrónomo, especialista en cultivos industriales, integrante de GET-FAUBA; Gabriela Calzolari, bióloga y fundadora de la Asociación Civil Ciencia Sativa; Marcelo Morante, Coordinador del Programa Nacional de los usos medicinales del Cannabis, del Ministerio de Salud de la Nación; y Sergio Romano, Gerente de Vinculación Tecnológica del CONICET.
Tipos de proyectos a financiar:
Proyectos de investigación orientados
Admite propuestas para la generación de conocimiento científico relacionado con los usos terapéuticos del cannabis y sus derivados, que redunden en mejores oportunidades para el desarrollo de esta disciplina a nivel nacional, provincial y municipal, y que contribuyan a la resolución de problemáticas, a partir de la innovación tecnológica, en un sentido amplio. Los proyectos podrán ser presentados por las instituciones del sistema científico y tecnológico que integren el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT). Los proyectos no podrán superar los $10 millones.
Proyectos asociativos entre el sistema científico y gobiernos nacionales, provinciales, municipios, organizaciones de la sociedad civil y ONGs
Admite propuestas que vinculen a los organismos de referencia con el sistema científico en proyectos de investigación y desarrollo (I+D) que apoyen a instituciones públicas —en todos sus niveles—, organizaciones de la sociedad civil y ONGs, en la búsqueda de soluciones que requieran del conocimiento científico o el desarrollo tecnológico para su resolución. De este modo, se espera que impulsen el desarrollo local, regional y nacional en torno a la industria del cannabis y sus derivados. Los proyectos podrán ser presentados por, al menos, una institución con presencia en el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) en asociación con gobiernos locales, provinciales o municipales, empresas nacionales con participación estatal mayoritaria, empresas del Estado, ONGs, y organizaciones de la sociedad civil. Se financiará hasta el 70% del monto total del proyecto. El monto máximo no podrá superar los $10 millones.
