El National Police Chiefs’ Council (NPCC) aprobó la primera guía oficial para que agentes de Inglaterra y Gales gestionen controles y procedimientos cuando una persona porta cannabis medicinal recetado.
La guía Medicinal Cannabis and the Police instala un principio que suena obvio, pero no lo era en la práctica: “pacientes primero, hasta que se demuestre lo contrario”. Según el propio documento, su objetivo es ofrecer indicaciones comunes y “de sentido práctico” para el trabajo de primera línea y evitar que un tratamiento termine, por inercia, en decomiso, interrogatorio o denuncia.
El texto busca reducir choques entre policía y pacientes, en un país donde el acceso terapéutico es legal desde 2018, pero la calle sigue operando con la lógica de la sospecha.
El protocolo es directo y se une a otras publicaciones que buscan sintetizar información sobre el cannabis. Ante alguien que declara portar cannabis medicinal, el agente debe pedir el envase original y revisar la etiqueta de dispensación, donde figuran datos del medicamento y del paciente.
La guía añade que puede existir carta del prescriptor o copia de receta, pero enfatiza que no hay obligación legal de llevar esos papeles. Si falta envase o documentación, recomienda consultar con el prescriptor o la clínica antes de escalar el caso.
Otra aclaración apunta que “no licenciado” no significa “ilegal”. El documento recuerda que muchas prescripciones son privadas y de productos sin autorización de mercado para una indicación concreta, una práctica aceptada cuando un especialista la considera adecuada. Para la policía, la legalidad se juega en la prescripción, no en el rótulo.
La guía también señala que fumar cannabis medicinal está estrictamente prohibido y distingue ese acto del vapeo, precisamente por la combustión. En conducción, remite a la norma general británica en que es ilegal manejar con drogas legales en el cuerpo si afectan la capacidad de conducir, por lo que el foco no está en la prescripción, sino en la posible merma de la aptitud al volante.
Si bien la publicación no cambia la ley, pero sí intenta cambiar el “reflejo” institucional pasando de la sospecha de delito a verificar si la marihuana es parte de un tratamiento médico. Su eficacia dependerá en cómo logrará incluirse en los procesos de formación, patrullaje y cultura policial. Si ese aterrizaje ocurre, el cannabis podría tener su estatus legal de herramienta clínica y no un detonante automático de posible ilícito.
Vía Revista Cáñamo.
