A fines del mes de mayo vence el plazo para que los operadores de cannabis renueven sus categorías para trabajar, sin embargo INASE, ARICCAME y Salud siguen sin dar una respuesta.
En un contexto de incertidumbre, la industria del cannabis en Argentina en el gobierno de Javier Milei lejos de avanzar, retrocede. Desde la intervención del médico, Ignacio Ferrari, al frente de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), todo fue para peor, una industria que venía lenta terminó por detenerse por completo.
Ahora, desde el Instituto Nacional de Semillas (INASE) informaron que el próximo sábado 31 de mayo vence la extensión del plazo otorgado por el organismo para los criaderos que necesiten renovar las categorías que les permiten trabajar con cannabis.
Según indicaron, tras bloquear los usuarios de los operadores que trabajan con cannabis, para renovar las categorías de INASE hay que tener una licencia de ARICCAME. Las mismas, establecidas en la Resolución 1/2024 en agosto del año pasado, son la agrícola y la industrial para trabajar con cáñamo y dejan afuera el cannabis medicinal.
De esta manera, la Agencia desconoce la ley de cannabis medicinal y pone en peligro a 635 criaderos (A), 597 comercios expendedores (F), 92 viveros (K), 79 productores bajo condiciones controladas (H), estos últimos en su mayoría proyectos de investigación aprobados por el Ministerio de Salud, vinculados a aceite medicinal, que desde junio volverían a la clandestinidad.
En este marco, y ante los amparos presentados por la Cámara de la Industria del Cannabis y el Cáñamo (CAINCCA), surgen contradicciones en las respuestas dadas por los diferentes organismos nacionales.
Así, desde INASE aseguran que la ARICCAME es la que debe otorgar las licencias y, a su vez, la Agencia afirma que es responsabilidad del INASE. En lo que respecta al cannabis medicinal la ARICCAME asegura que es competencia del Ministerio de Salud y desde la cartera sanitaria le pasan la pelota nuevamente a la Agencia para que se haga cargo.
En medio de todo este revuelo, el INASE aseguró que antes del 31 de mayo se espera dar una solución en conjunto con la ARICCAME, sin embargo, a dos semanas de que se termine el plazo de adecuación, la respuesta brilla por su ausencia.
Las consecuencias de la falta de comunicación y acción por parte de los organismos son varias y muy graves, de seguir así todos los criaderos de cannabis serán alcanzados por la ley penal y se desconoce cómo se va a conservar el germoplasma que ya fue registrado ante el organismo de semillas.
Por otro lado, todos los pacientes que cuenten con su autorización del REPROCANN aprobada deberán comprar las semillas y clones de cannabis para sus tratamientos de forma ilegal.
Además, no se contemplan los proyectos de investigación aprobados por el Ministerio de Salud a quienes, a pesar de no encontrarse en el marco de la ley industrial (27.669), tampoco se les permite renovar la categoría H de cultivo en condiciones controladas que les permite realizar las investigaciones correspondientes.
Lo público y lo privado, todo paralizado
La situación paralizará tanto a lo público como a lo privado, empresas con participación estatal tales como Cannava (Jujuy), Agrogenetica Riojana (La Rioja), Caa cannabis (Corrientes), Canme San Juan SE (San Juan), Biofábrica Misiones (Misiones) y del sector privado KCBD Corp, del empresario Alfredo Vila y Raúl Olmos, con una reciente inversión de más de 600 mil dólares, CannaFIS (Chaco) recientemente inaugurada por el gobernador de la provincia y Clon Factory, una de las empresas de clones más grandes del país, como también los Growshops de todo el país que venden semillas y clones verán afectadas sus operaciones.
INASE factura el registro de semillas pero no las aprueba
En medio de toda la incertidumbre generada por la Agencia regulatoria en el país, desde INASE aumentaron los aranceles para trabajar con cannabis, suspendió el alta de nuevos criaderos, aumentaron el valor de las estampillas que sirven para identificar las semillas fiscalizadas autorizadas para su venta.
Además, se paralizó el registro de variedades nacionales, actualmente hay más de 300 genéticas que siguen sin aprobación por parte del organismo nacional lo cual achica la disponibilidad de variedades para los pacientes y para los proyectos de investigaciones.
En este sentido, desde la Cámara de la Industria del Cannabis y el Cáñamo (CAINCCA) señalaron que INASE permitió durante 3 años cultivar, multiplicar y comercializar esquejes, semillas e “incluso flores sin exigir licencias”. “Ahora afirman que es ilegal sin autorización de ARICCAME. ¿Cómo explican ese giro?”, cuestionaron.
“Dicen que permitirnos trabajar sería un delito. Pero mientras tanto, cobraron estampillas y aranceles sin registrar una sola variedad. ¿Fomentaron el “narcotráfico” estatal durante tres años?”, criticaron desde CAINCCA y agregaron: “El sector productivo paga el precio de las disputas internas, criminalizando una actividad que el propio ente habilitó, paralizando una industria que hasta el día de hoy continúa pagando tasas por un sistema que no funciona”.
