En el marco de la campaña global «Acompañe, No Castigue», Casa Brandon se convirtió en el escenario de un debate urgente bajo una premisa que interpela directamente a la dirigencia: las políticas de drogas tienen más de política que de drogas.
El encuentro organizado por el Colectivo de Reflexión sobre los consumos, reunió a legisladores, funcionarios y activistas, buscó disputar el sentido punitivo con el que históricamente el Estado ha abordado los consumos, para empezar a pensar en respuestas basadas en los derechos humanos y la salud pública.
De la fecha participaron Ariel Parajón, quien forma parte de la coordinación del Colectivo; José Glinski, Diputado Nacional por la Provincia de Chubut; Ximena Martinez, Directora General de Políticas de Género en San Martín, provincia de Buenos Aires; Matías Molle, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires; y Agostina Agudín, Directora de la Comisión de Educación de la Legislatura Porteña.
Origen histórico
La fecha no es azarosa: en 1987 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 26 de junio como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas “como manifestación de la voluntad política de las naciones de luchar contra la amenaza de las drogas, con el mandato de generar una acción universal, y como medio de enfrentar el serio y complejo problema internacional de las drogas en todas sus formas”, tal como quedó manifiesto en resolución que le da sustento institucional.
Este enfoque, asociado a “la guerra contra las drogas”, actúa con medidas punitivistas, empujando a millones de personas usuarias en el mundo hacia la vulnerabilidad, la exclusión y la criminalización.
En contraposición surge “Acompañe, No Castigue”, un movimiento global que el mismo 26 de junio, desde el año 2013, celebra a nivel internacional charlas, conferencias y actividades que reivindican el derecho de las personas a enfrentar sus problemas de consumo desde una perspectiva del cuidado y apoyo, en lugar del castigo y el estigma.
Cómo el Estado construye el conflicto
Uno de los ejes centrales de la jornada pasó por debatir cómo las instituciones públicas diagnostican la problemática. En ese sentido, el diputado nacional Matías Molle introdujo una categoría clave del filósofo Henri Bergson para analizar la seguridad y el prohibicionismo: la existencia de «problemas falsos». Molle advirtió que el déficit del Estado radica en cómo nombra y define un conflicto, ya que la forma en que se elige delimitarlo condiciona de antemano las soluciones posibles.
Un ejemplo claro de esta distorsión es la persistencia de ámbitos institucionales, como la comisión de “Prevención de adicciones y control del narcotráfico” en la Cámara de Diputados de la Nación, que unifican bajo un mismo esquema al «narcotráfico» y a los «usuarios problemáticos».
Al juntar dos realidades que estructuralmente deberían ir por carriles separados, en este caso la seguridad federal por un lado y la salud por el otro, el Estado obtura la posibilidad de un abordaje eficaz, criminaliza el eslabón más débil y termina administrando el castigo en lugar de gestionar el cuidado.
Salud mental en modo supervivencia
Cuando el Estado se retira de las políticas de cuidado y se limita a administrar el castigo, el impacto no es abstracto: se traduce directamente en la ruptura del lazo social y en el desborde de una crisis de salud mental comunitaria sin precedentes.
En este sentido, Ximena Martínez propuso correr el eje de la sustancia para poner el foco en el sufrimiento real de las personas dentro del contexto actual.
Martínez advirtió que el modelo neoliberal imperante ha calado hondo en la subjetividad a través del individualismo y la hiperexigencia. Bajo la premisa autoimpuesta del «yo puedo», el sistema nos arrastra a una lógica hiperproductiva que nos mantiene en un estado constante de amenaza y supervivencia.
En este contexto, la búsqueda de microdosis de placer se convierte en una vía de escape cotidiana, cuya oferta se encuentra facilitada por el propio mercado.
El debate sobre los consumos, por ende, deja de ser una discusión sobre elecciones individuales o conductas delictivas para transformarse en un reclamo urgente por el bienestar y el derecho a construir redes de apoyo comunitario que sostengan allí donde las instituciones públicas deciden mirar para otro lado.
Politizar el consumo
El cierre del encuentro dejó en claro que la salida frente al punitivismo no es individual ni estrictamente técnica, sino profundamente colectiva. El diagnóstico compartido por los expositores y activistas encendió una alarma: la clandestinidad a la que el sistema empuja a los usuarios, quienes muchas veces deben recurrir al anonimato o enfrentar el estigma en los efectores de salud, solo empeora la vulnerabilidad y la calidad de las sustancias en el mercado ilegal-
Frente a una racionalidad política que administra el castigo y una justicia que actúa de forma contradictoria, el reclamo de «Acompañe, No Castigue» se posiciona como una resistencia activa. La dirigencia política tiene la responsabilidad de dejar de mirar para otro lado y empezar a validar a las personas usuarias de sustancias no como infractores o sujetos pasivos de asistencia, sino como ciudadanos capaces de aportar al proceso de politización y construcción de las políticas públicas.
Organizar redes, disputar los sentidos en la calle y exigir respuestas colectivas de cuidado es, en definitiva, la única vía posible para acompañar y no castigar.
