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    Mujeres bajo la lupa penal: El Estado que gasta en perseguir plantas y abandona la salud

    18 de noviembre de 2026No hay comentarios4 min de lectura
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    Mientras los recursos públicos para prevenir la violencia machista, investigar delitos graves o garantizar el acceso a la salud sufren recortes a gran escala, las fuerzas de seguridad y el sistema judicial no dudan en destinar presupuesto, personal armado y tiempo en investigar y allanar hogares de mujeres cuya única acción ha sido cultivar una planta medicinal. 

    Mariela Agunín: La trampa de la burocracia estatal

    El caso de Mariela en Bahía Blanca expone con claridad la selectividad penal. A las ocho de la mañana, un operativo con trece efectivos armados irrumpió en su domicilio mientras ella dormía desnuda. El allanamiento se llevó a cabo por la entrega de 7 gramos de cannabis en una plaza pública a su amiga, sin embargo no se encontró nada.

    Hoy, se encuentra privada de su libertad con prisión domiciliaria (luego de estar encerrada 4 meses en el Penal de Saavedra) a la espera de un juicio fijado para llevarse a cabo entre el 22 y 24 de febrero de 2027, donde enfrenta una acusación sobre comercialización que podría darle hasta 20 años de prisión. 

    Esta desprotección jurídica radica en la propia ineficiencia del Estado. Mariela inició su trámite en el REPROCANN en el año 2023, pero la autorización nunca se completó, por lo que su trámite quedó “en evaluación”.

    Esta parálisis administrativa se debe al desfinanciamiento estatal hacia las agencias de control y las trabas burocráticas que el propio Estado convirtió en una trampa de clandestinidad forzada, empujándola a la vulnerabilidad y desamparo de la justicia, mientras se le negaba la prisión domiciliaria.

    Un patrón histórico de persecución sobre el cuidado

    Este accionar del Estado sobre las mujeres que buscan cuidar a otro o a ellas mismas, a través de la planta, no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica histórica del sistema judicial.

    En 2017, Adriana Funaro fue allanada en su casa de Ezeiza tras la denuncia de un vecino. Ella cultiva para tratar su artrosis crónica degenerativa y donar aceites a familias con niños enfermos. Pasó meses en prisión domiciliaria bajo la decisión de un juez que sostuvo que tener plantas de marihuana era lo mismo que tener armas.

    Luego de un largo recorrido la Cámara de Casación bonaerense en el año 2019 determinó que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, logrando su sobreseimiento después de dos años. 

    Un caso similar vivió Araceli Rea, oriunda de La Plata, en el año 2019 cuando la policía bonaerense tiró abajo la puerta de su casa a las siete de la mañana apuntando con armas itaca.

    El operativo ni siquiera estaba dirigido a ella, sino que buscaban a un tercero ajeno a la vivienda. Sin embargo, la policía le secuestró las plantas y extractos con los que Araceli trataba la enfermedad del Síndrome de West y la epilepsia refractaria de su nieto. 

    La movilización por parte del movimiento cannábico y la presentación de la historia clínica, obligaron a la fiscalía a dictar una orden nunca antes llevada a cabo: sobreseer y devolver la medicina secuestrada, lo que evidenciaba el mal accionar policial. 

    Selectividad penal y el valor del cultivo 

    Organizaciones fundamentales como Mamá Cultiva, nacieron justamente no solo del amor por ayudar a otro a través de una planta, sino también, del terror a la persecución policial por cultivarla, obligadas a tejer durante años redes clandestinas de soporte, para reponer aceites a las madres de niños con problemas de salud a quienes la policía les desmantelaba sus cultivos. 

    Hoy ante el desfinanciamiento estatal, el descuido hacia los organismos de salud y el avance de discursos conservadores, la pregunta es: ¿Por qué hay presupuesto e inversión para desplegar hombres armados contra mujeres que cultivan, pero no hay presupuesto para invertir en salud, tecnología y educación? 

    El cannabis es una planta con amplias propiedades terapéuticas que no daña a terceros. La persecución judicial a quienes cultivan para sanar o abastecer a familias, no es más que el reflejo de un sistema penal machista y conservador que prefiere castigar la autonomía de las mujeres, antes que garantizar el derecho humano a la salud.

    Mujeres penal Reprocann Salud
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    Nadina Liberotti
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    Estudiante avanzada de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (FCS-UBA), investigadora en formación y cultivadora desde hace siete años. Cuenta con especialización en uso medicinal del cannabis y se dedica al estudio de los procesos políticos, los marcos regulatorios y la divulgación sobre su impacto social. A su vez, ha profundizado su campo de investigación en el impacto ambiental y los usos terapéuticos e industriales del cannabis y el cáñamo en Argentina.

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