La defensa de la mujer solicita la excarcelación o el beneficio del arresto domiciliario. El operativo policial y la acusación por narcotráfico generan fuertes críticas de organizaciones sociales por la desproporción de la medida.
Una joven trabajadora independiente de Bahía Blanca, Mariela Agunin, lleva poco más de un mes y medio privada de su libertad tras haber sido imputada por una causa de estupefacientes que desató polémica por la severidad del procedimiento. La mujer fue aprehendida luego de ser registrada en la vía pública entregándole una cantidad mínima de cannabis a una persona conocida.
En este contexto, organizaciones cannábicas convocan este viernes 26 a las 11hs a concentrase en Tribunales, Av. Colón 46, Bahía Blanca, para exigir justicia e inmediata libertad de Mariela Agunin.
«No podemos permanecer en silencio mientras se criminaliza a una mujer usuaria terapéutica de cannabis. Basta de persecución! Basta de castigar a quienes deberían ser protegidas por políticas públicas de salud y derechos humanos», señalaron desde la organización Cannabis y Salud en sus redes.
Eliana Lagraña, integrante de Crazy Lady Seeds, afirmó que «lamentablemente Mariela es consecuencia de algo que venimos reclamando hace tiempo».
Lagraña afirmó que no es solamente desde un lugar de que las cosas no están claras ni son parejas para todos los actores del del rubro y para todas los eslabones que que tiene esta industria, que son los pequeños productores, las personas que dispensan y resuelven la necesidad de las personas en la urgencia de resolver una atención con cannabis.
«Evidentemente los tiempos burocráticos del Estado y de la justicia no acompañan a las necesidades de la sociedad, y siempre está la estigmatización de la mujer y que son las que terminan pagando los platos rotos, siempre son los pequeños chivos expiatorios para justificar causas sin sentido», aseguró.
En ese sentido, la cultivadora expresó su completa indignación con la situación de Mariela. «Espero que nos den una respuesta real, que se resuelva de la forma más amorosa y pronto posible, si no se arregla, no podemos avanzar. Y nos afecta a todos», concluyó.
Conflicto judicial
El origen se remonta a un encuentro en la plaza principal de la localidad bonaerense, donde la implicada le entregó a una amiga una bolsa que contenía apenas siete gramos de cannabis.
A partir de ese episodio, la fiscalía especializada en la temática inició un expediente encuadrado bajo la figura de tráfico de sustancias. Debido a que el intercambio se produjo en un espacio público de recreación, la Plaza Rivadavia, la acusación sumó un agravante legal que eleva significativamente la escala penal en expectativa.
Poco después de ese hecho, las fuerzas de seguridad provinciales desplegaron un allanamiento masivo en la vivienda de la imputada, una construcción modesta en la periferia de la ciudad.
El operativo contó con la irrupción coordinada de más de una decena de efectivos armados. Según trascendió, la requisa domiciliaria demoró aproximadamente dos horas y arrojó resultados negativos, ya que no se detectaron redes de distribución ni plantaciones en el lugar.
La situación procesal de Mariela presenta un componente administrativo que profundiza los cuestionamientos hacia la actuación del Poder Judicial. Al momento del arresto, la mujer ya había iniciado formalmente los trámites para inscribirse en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) bajo prescripción médica para tratar un cuadro de insomnio.
No obstante, las demoras burocráticas estatales mantuvieron el trámite en espera durante meses, logrando la aprobación definitiva de la credencial de salud recién cuando ya se encontraba tras las rejas.
Situación actual
Actualmente, la detenida permanece alojada en la Unidad Penitenciaria de Saavedra, donde sus allegados reportan un severo deterioro en su condición psicológica producto del aislamiento y la interrupción de su terapia habitual, requiriendo asistencia psiquiátrica y farmacológica de emergencia dentro del penal.
El encarcelamiento interrumpió de forma total su sustento económico diario, basado en la venta de alimentos, tareas de cuidado y trabajos de construcción, además de truncar proyectos de inserción laboral en el sector de energías renovables y la presentación de planes educativos técnicos.
Frente a la negativa inicial de la fiscalía ante cada planteo de morigeración de la pena, la defensa técnica, encabezada por el abogado Carlos Carnevale, elevó un recurso ante la Cámara de Apelaciones local.
El pedido solicita de forma urgente la nulidad de las actuaciones por presuntas irregularidades informativas en el inicio del caso, junto con la excarcelación inmediata o la concesión de una prisión domiciliaria que resguarde la salud mental de la imputada.
En paralelo, diferentes colectivos cannábicos, agrupaciones estudiantiles y movimientos de derechos humanos comenzaron a coordinar manifestaciones públicas en la región bajo consignas contra la criminalización del consumo y la persecución a usuarios particulares.
