Finalmente el Poder Ejecutivo envió al recinto el temario que se abordará a partir del 1 de Febrero, donde se encuentra el proyecto que busca dar un marco regulatorio a la producción de cannabis con fines medicinales desde la plantación hasta la exportación.
A una semana de la fecha límite para convocar a sesiones extraordinarias, el gobierno logró el acuerdo de cuáles serían los temas a tratar, con cierto consenso de la oposición al debate. Esto no significa que todo el temario salga favorable en las votaciones, ya que el oficialismo no cuenta con mayoría propia, luego de la caída en las elecciones legislativas del 2021.
Entre los principales temas está el Consenso Fiscal, importante para la negociación de la deuda con el FMI y la reforma del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar jueces, que debe tratarse antes de Abril 2022 por el fallo de la Corte Suprema. En el paquete de proyectos para el crecimiento económico se encuentra cannabis, y el gobierno no pierde de vista los números que la industria promete: “Los cálculos conservadores indican que de aquí a 2025 se crearán diez mil nuevos empleos. En un escenario cercano plantea 500 millones de dólares por ventas al mercado interno y 50 millones de exportaciones”, según el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.
El proyecto de ley tendiente a establecer el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis y cáñamo, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones, deberá ser tratado en las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda.
En noviembre de 2021, fue en estás dos comisiones donde el proyecto tuvo un freno, ya que con la derrota en las elecciones legislativas el gobierno perdió el quórum propio para convocar a legislar en la cámara y la ley de Cannabis Industrial no pudo aprobarse en Diputados, luego de la media sanción obtenida en el Senado en julio de ese mismo año.
La clave está puesta en la nueva conformación de las comisiones, Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda. Fuentes cercanas al bloque de Juntos por el Cambio, confirmaron que buscarán quedarse con la comisión de Agricultura y Ganadería, cabecera del proyecto.
Hasta el 28 de febrero, fecha límite para el periodo de extraordinarias, la industria estará expectante sobre la definición, ya que es un marco regulatorio clave para las provincias que ya avanzaron con sus Sociedades del Estado, algunas estatales otras mixtas, y tanto para los proyectos que recibieron la aprobación del ministerio de Salud y esperan por un marco industrial.
¿De qué se trata el proyecto?
La iniciativa esgrime un doble objetivo. En primer lugar, “establecer un marco legal que autorice las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados”. La propuesta admite “fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica”.
Por otro lado, el segundo objetivo “consiste en legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos”. En el texto aclara que el cáñamo tendrá una regulación menos estricta que el cannabis por su bajo contenido en THC y se promoverá el apoyo del estado para el desarrollo de un sector que tiene historia de producción en nuestro país pero se vio censurado por la última dictadura militar.
Asimismo, la iniciativa reglamenta la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame). Este será un actor descentralizado encargado de “reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas” con respecto al uso del cannabis en todo el país. El organismo funcionará en torno al ministerio de Desarrollo Productivo, que designará al presidente de la institución, que tendrá cinco miembros. Los demás serán elegidos por carteras relacionadas.
Junto a ello, la propuesta señala el régimen sancionatorio que aplicará en los casos de incumplimiento de la normativa. Las penalizaciones van desde el apercibimiento hasta la total inhabilitación, y varían en plazo. También contempla la multa, la suspensión y la caducidad de autorización para operar.
