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A una semana de la fecha límite para convocar a sesiones extraordinarias, el gobierno logró el acuerdo de cuáles serían los temas a tratar, con cierto consenso de la oposición al debate. Esto no significa que todo el temario salga favorable en las votaciones, ya que el oficialismo no cuenta con mayoría propia, luego de la caída en las elecciones legislativas del 2021.

Entre los principales temas está el Consenso Fiscal, importante para la negociación de la deuda con el FMI y la reforma del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar jueces, que debe tratarse antes de Abril 2022 por el fallo de la Corte Suprema. En el paquete de proyectos para el crecimiento económico se encuentra cannabis, y el gobierno no pierde de vista los números que la industria promete: “Los cálculos conservadores indican que de aquí a 2025 se crearán diez mil nuevos empleos. En un escenario cercano plantea 500 millones de dólares por ventas al mercado interno y 50 millones de exportaciones”, según el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

El proyecto de ley tendiente a establecer el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis y cáñamo, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones, deberá ser tratado en las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda.

En noviembre de 2021, fue en estás dos comisiones donde el proyecto tuvo un freno, ya que con la derrota en las elecciones legislativas el gobierno perdió el quórum propio para convocar a legislar en la cámara y la ley de Cannabis Industrial no pudo aprobarse en Diputados, luego de la media sanción obtenida en el Senado en julio de ese mismo año.

La clave está puesta en la nueva conformación de las comisiones, Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda. Fuentes cercanas al bloque de Juntos por el Cambio, confirmaron que buscarán quedarse con la comisión de Agricultura y Ganadería, cabecera del proyecto.

Hasta el 28 de febrero, fecha límite para el periodo de extraordinarias, la industria estará expectante sobre la definición, ya que es un marco regulatorio clave para las provincias que ya avanzaron con sus Sociedades del Estado, algunas estatales otras mixtas, y tanto para los proyectos que recibieron la aprobación del ministerio de Salud y esperan por un marco industrial.

¿De qué se trata el proyecto?

La iniciativa esgrime un doble objetivo. En primer lugar, “establecer un marco legal que autorice las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados”. La propuesta admite “fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica”.

Por otro lado, el segundo objetivo “consiste en legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos”. En el texto aclara que el cáñamo tendrá una regulación menos estricta que el cannabis por su bajo contenido en THC y se promoverá el apoyo del estado para el desarrollo de un sector que tiene historia de producción en nuestro país pero se vio censurado por la última dictadura militar.

Asimismo, la iniciativa reglamenta la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame). Este será un actor descentralizado encargado de “reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas” con respecto al uso del cannabis en todo el país. El organismo funcionará en torno al ministerio de Desarrollo Productivo, que designará al presidente de la institución, que tendrá cinco miembros. Los demás serán elegidos por carteras relacionadas.

Junto a ello, la propuesta señala el régimen sancionatorio que aplicará en los casos de incumplimiento de la normativa. Las penalizaciones van desde el apercibimiento hasta la total inhabilitación, y varían en plazo. También contempla la multa, la suspensión y la caducidad de autorización para operar.

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El encargado de inaugurar el congreso fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien justamente destacó las “excelentes oportunidades para el desarrollo de Argentina” que ofrece la industria del uso medicinal del cannabis y del cáñamo industrial.

Sobre la norma que propone un marco regulatorio para la producción de cannabis medicinal, que tiene media sanción por el Senado,  el titular de la cartera de Desarrollo Productivo destacó que, con la total aprobación, se abrirá un “nuevo sector” que permitirá generar “10 mil puestos de trabajo o más”.

En esa línea, Matías Kulfas señaló que “es una actividad que viene desarrollando un crecimiento exponencial a nivel internacional durante los últimos 20 años, teniendo en cuenta que a comienzos de siglo era una actividad prácticamente inexistente y hoy muchos países del mundo empiezan a desarrollar este sector”.

«Argentina tiene un sector agropecuario con trayectoria y experiencia para desarrollar este cultivo, pero además posee experiencia en materia de investigación y desarrollo para generar las variedades en la genética y las mejoras de semillas que sean necesarias», aseveró el funcionario.

Sobre las redes de investigación, el ministro Kulfas destacó la existencia de “iniciativas provinciales y municipales”, como también el crecimiento de los emprendimientos de carácter privado. “Tenemos un marco muy restrictivo que ha permitido algún avance en investigación y desarrollo; aspiramos con la nueva ley, que legaliza la producción, se pueda escalar”, expresó la autoridad.

Tenemos un marco muy restrictivo que ha permitido algún avance en investigación y desarrollo. Aspiramos que con la nueva ley, que legaliza la producción, se pueda escalar»

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo

Luego fue el turno de Andrés López, titular del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, y trajo a colación lo sucedido en Estados Unidos, para graficar lo expuesto por Matías Kulfas, en donde ya se crearon «más de 320 mil empleos”.

Pero además de la generación de trabajo que esta iniciativa ya produjo en el país norteamericano, lo que sucedió a esto fue una “inversión extranjera directa superó en 2020 los 1.800 millones de dólares en industrias vinculadas al cannabis», por lo que efectivizar esto en Argentina implicaría una gran oportunidad en este sentido.

Asimismo, el director del IIEP, además de detallar todos los beneficios económicos que una norma de este tipo se apruebe en Argentina, que es algo que se viene haciendo en distintas partes del mundo desde hace bastante tiempo, agregó un comentario respecto de otro tema a discutir, como es la regulación del consumo recreativo del cannabis.

“A futuro es esperable la progresiva legalización del uso recreacional o adulto, siguiendo los pasos de Canadá, algunos estados de EE.UU y Uruguay», añadió Andrés López, quien luego hizo referencia a la importancia de poner “en marcha lo más rápido posible la ley que dará un marco de certeza legal para una industria cuyo desarrollo, no obstante, será un proceso gradual de ensayo y error en la medida en que no hay una receta inequívoca en un mercado comienza a dar sus primeros pasos» .

«A futuro es esperable la progresiva legalización del uso recreacional o adulto, siguiendo los pasos de Canadá, algunos estados de EE.UU y Uruguay»

Andrés Lopez, titular del IIEP

Más tarde le tocó exponer a Pablo Fazio, titular de la Cámara Argentina de Cannabis (ArgenCann), quien destacó que la situación legal actual de la legalización del cannabis medicinal a partir de su regulación es totalmente distintas a la de hace diez años, cuando los ingresos eran casi “nulos”.

“El mercado legal de cannabis en los últimos 10 años era nulo y hoy estamos hablando de 23 mil millones de dólares que van para los 93 mil millones de dólares en 2025″, señaló Pablo Fazio, y luego agregó que “Argentina tiene una posibilidad enorme de generar puestos de calidad y que sus recursos humanos se destaquen en el mundo» debido a que “la cadena productiva del cannabis es intensiva en servicios basados en conocimiento”.

Luego fue el turno de Paula Lancelotti, miembro de ArgenCann y perteneciente al laboratorio de control de calidad Melacrom, y en primer lugar resaltó la importante de los trabajos de los laboratorios con la realización de exámenes, aunque también sugirió las especialidades que faltaría añadir, como controles de residuos de pesticidas, perfiles canabiosidos, metales pesados, solventes residuales y perfil de terpenos.

«Si no tenemos controles de laboratorio no sabemos qué tipo de planta se está produciendo, qué producto y, ya en el mercado, distinguir blanco de negro, qué cantidad de CBD o THC tienen o si no tienen nada, que también lo hay», sostuvo Paula Lancelotti.

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Fue cerca de las 21 cuando el tablero de votación marcó: 56 votos afirmativos, 5 votos negativos y 1 abstención. Aplausos, puños cerrados y manos en altos, fue el festejo de los pocos asistentes que presenciaron la sesión, que de no haber sido por el contexto de pandemia, seguramente se hubieran llenado las gradas de activistas, cultivadores y organizaciones social. Así el Senado cumplió en aprobar, con media sanción, el proyecto de ley que establece el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

Luego de diez días de comisiones, entre exponentes que no expusieron, modificaciones que no entraron y otras que se agregaron, y un consenso que hasta al momento de la votación no se sabía si estaba, se giró a Diputados la ley que estima desarrollar la cadena de industrialización del cannabis y el cáñamo con la creación de 10 mil puestos de trabajo y nueva actividad económica por cerca de 500 millones de dólares, según explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, durante el debate en comisiones.

¿Qué se aprueba?

Se busca regular la producción industrial de la planta de cannabis, etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación, posesión de semillas y derivados a partir de la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Entre varios de los subproductos que se pueden realizar a partir del cannabis, la industria nacional podrá proveer autoparte, materiales de construcción, cosméticos, ropas, calzados y alimentos. Además del avance medicinal del que ya dio sus primeros pasos con el aceite Convupidiol, a partir de la lay 27.350.

Del texto original no se realizaron significativas modificaciones, a pedido de las provincias más avanzadas en empresas estatales se agregó un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y el Cannabis medicinal y un Consejo Consultivo Honorario solicitado por las organizaciones sociales para ser participe del avance, modificaciones y resguardar que se cumpla uno de los puntos de la ley donde expresa que dará prioridad a economías regionales, cooperativas y pequeñas y medianas empresas –donde también podrían incluirse los grow shops que ya comercializan estos productoras- atendiendo sus solicitudes principalmente, apoyo técnico y disminución de tasas, pero «asimismo la inclusión de la perspectiva de género y diversidad en su otorgamiento». Para este fin, se trabajará en conjunto con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S).

Voces a favor y en contra

La iniciativa la tomó el senador y titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el puntano, Adolfo Rodríguez Saá, quien moderó los debates en comisiones: «El cáñamo era legal y se producía en nuestro país, pero la dictadura hizo clandestina a una actividad que en el mundo está aceptada. Estamos sacando esa prohibición», apuntó en relación a la prohibición de 1977 por el gobierno militar.

De modo mas moderada, la legisladora radical, Pamela Verasay, puso en dudas el rol centralizador que pueda tener La Agencia: “El marco regulatorio que se está proponiendo para la industria del cannabis está tomando funciones que pueden desarrollar las provincias, que tienen facultades para regular y reglamentar sus actividades económicas”, expresó.

Como era de esperarse, las expresiones prohibicionistas no tardaron en llegar y se hicieron eco en el discurso del senador de Rio Negro, Alberto Weretilneck, quien se refirió al cannabis como «una droga más dañina que el alcohol y que de trata de una droga de inicio. No estoy de acuerdo en sumarme a ese mensaje de que la marihuana no tiene impacto negativo en las personas», esbozó el senador, sin aportar mayores argumentos mas que replicar el discurso que reinó por 100 años de prohibición.

Pero el ambiente cambió con la exposición del senador de Chubut, Alfredo Luenzo, que en sintonía con el pedido de los gobernadores Gerardo Morales y Alberto Rodríguez Saá -cuando se presentó el proyecto en el Consejo Económico- fue más allá de la ley y habló de una despenalización total de la planta: «Dejemos de lado esa visión que tenemos de la planta de marihuana y pongámosla en valor. El prohibicionismo no ha dado resultados, trae horror. Los pibes comienzan en el menudeo. Y esa es la puerta de ingreso a otras drogas. Un Estado coherente, presente, amplía derechos. Hay que discutir la despenalización, la cárcel está llena de inocentes”.

AQUÍ LES DEJAMOS EL DICTAMEN FINALDescarga

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