En un giro regulatorio que busca extremar los controles sobre el uso medicinal de la planta, el Ministerio de Salud, encabezado por Rodolfo Montero, oficializó la Resolución 526, limitando drásticamente el universo de profesionales autorizados para emitir prescripciones.
La decisión de Montero va a contramano de lo que propone el gobierno mendocino por medio del Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la directora del registro de cannabis y cáñamo, Virginia Coraglia.
A partir de ahora, la provincia implementa un “filtro de especialistas” que redefine las reglas del juego para pacientes, médicos y ONGs.
Para instrumentar esta medida, la resolución dispone la creación del “Registro Provincial de Médicos Prescriptores de Cannabis de uso medicinal”, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud y Deportes.
Este nuevo padrón surge como un brazo operativo de la Ley Provincial N° 9617 y busca centralizar la información de los profesionales habilitados, obligándolos a una inscripción formal que será requisito indispensable para que sus recetas tengan validez legal en territorio mendocino.
Fuentes cercanas al gobierno aseguraron que la semana que viene habrá novedades al respecto de la decisión del Ministerio de Salud.
Los únicos autorizados: Las 4 categorías clave
La nueva normativa es taxativa. Para poder formar parte de este registro y estar facultado para recetar cannabis o actuar como Director Médico de una institución, el profesional debe pertenecer obligatoriamente a uno de estos cuatro grupos:
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Neurología.
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Psiquiatría.
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Medicina del Dolor.
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Cuidados Paliativos.
Fuera de estas especialidades, ningún médico podrá inscribirse en el nuevo sistema ni emitir prescripciones válidas. La intención del Ministerio es clara: el cannabis debe ser una herramienta supervisada por quienes manejan las patologías más complejas (epilepsia, trastornos de salud mental refractarios o dolor crónico), dejando de lado la prescripción generalista.
Más que un título: Formación y Auditoría
No basta con ser especialista. Los médicos de estas áreas deberán acreditar además una formación específica en farmacología de cannabinoides y fármaco-vigilancia. Esta autorización no es permanente: tendrá una vigencia de tres años, obligando a los profesionales a una actualización constante para no quedar fuera del sistema.
Control total mediante la Receta Digital
Para evitar cualquier tipo de “gris” legal, Mendoza impone el uso de la Historia de Salud Integrada (HSI). Los médicos tendrán un plazo de 180 días para adaptarse al sistema digital, mediante el cual el Estado provincial podrá auditar en tiempo real qué se está recetando, a quién y bajo qué diagnóstico, cruzando datos con el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial.
Impacto en las ONGs
Este endurecimiento impacta de lleno en el funcionamiento de las organizaciones cannábicas. Cualquier ONG que cultive para terceros deberá tener como responsable a un médico que cumpla con estas nuevas y estrictas categorías, profesionalizando el sector pero cerrando el cerco sobre la prescripción libre que funcionaba hasta ahora.
