Las Asociaciones advirtieron que corre peligro el trabajo de muchos años y el acceso al cannabis de los pacientes.
Por medio de una carta que lleva la firma de los miembros del Consejo Consultivo Honorario del Programa Nacional de Cannabis Medicinal del Ministerio de Salud, titulada “Defendamos la soberanía de las semillas”, las asociaciones indicaron que el sistema de registro y renovación de criaderos y variedades de cannabis está bloqueado lo cual produce un “vacío legal y operativo sin precedentes”.
Este sábado 31 de mayo vence la extensión del plazo otorgado por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) para los criaderos que necesiten renovar las categorías que les permiten trabajar con cannabis.
“Esta situación afecta el derecho de propiedad sobre el material genético desarrollado, y vulnera derechos adquiridos e impide toda posibilidad de sostener la trazabilidad genética, obstaculiza ensayos científicos, y compromete la seguridad jurídica y la salud pública al empujar a miles de usuarios/as medicinales a recurrir a canales informales para obtener semillas, esquejes o clones”, afirmaron en la carta que será enviada a las autoridades de INASE y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
En dicho documento detallan que la gravedad de la situación genera:
- Desarticulación del sistema de trazabilidad genética y conservación de cultivares nacionales.
- Pérdida de fuentes de empleo técnico y productivo (INASE registra más de 635 criaderos, 92 viveros y 79 productores en condiciones controladas).
- Inseguridad jurídica y financiera para quienes apostaron por la legalidad.
- Bloqueo a investigaciones clínicas, agronómicas y de fitomejoramiento genético.
- Pérdida de patrimonio fitogenético nacional.
- Dificultades para cumplir con la Resolución 1780/2025 del Ministerio de Salud, que exige el uso de genéticas registradas ante INASE.
“Por lo tanto, solicitamos formalmente que se reactive de manera urgente el sistema de inscripción y renovación de criaderos y operadores/as de Cannabis sativa L. en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS), incluyendo expresamente las variedades con más del 1% de THC en el marco legal vigente”, concluyeron.
Firma la petición acá.
Contradicciones entre organismos y criaderos en alerta
En medio de todo este revuelo, el Ministerio de Salud actualizó las condiciones para la inscripción en el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN), para la investigación, la producción y el acceso a los productos terapéuticos.
Los cambios fueron publicados en el Boletín Oficial (BO), por medio de la Resolución N° 1780/25, que deroga la Resolución Ministerial N° 3132/2024, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y la seguridad del circuito de producción y acceso a productos derivados del cannabis, como también asegurar el correcto uso terapéutico y/o medicinal previsto en la Ley 27.350.
Entre otras cosas, la Resolución de Salud exige que todas las personas que cultiven para terceros (ex cultivadores solidarios), asociaciones civiles y/o proyectos de investigación y desarrollo van a tener que presentar “un informe semestral en carácter de declaración jurada que detalle la cantidad de plantas en total y en floración, y la variedad genética registrada utilizada”.
El colectivo de criadores de cannabis del barrio de Lugano, 1439, señalaron que, al conflicto de competencias entre organismos que vienen advirtiendo desde hace meses, se suma la contradicción del Ministerio de Salud con otros organismos.
“La autoridad de aplicación de la Ley 27.350, establece una exigencia cuya condición necesaria de cumplimiento es que el INASE desbloquee a los usuarios y autorice el pago de la anualidad 2025/2026, de lo contrario ¿de dónde van a sacar la «variedad genética registrada» para declarar? Eso sumado a que tácitamente estarían remitiendo a los usuarios/as autocultivadores/as a que también se provean en un mercado no regulado, ilegal”, expresaron.
La información oficial que se desprende de lo dicho por el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, en su última visita al Congreso de la Nación, es que actualmente en Argentina hay 635 criaderos (establecimientos de fitomejoramiento), 597 comercios expendedores (grows, tiendas de cultivo, etc.) 92 viveros (multiplicadores) y 79 productores bajo condiciones controladas (proyectos de investigación autorizados por el Ministerio de Salud) con 220 expedientes en curso ante el INASE de variedades de la especie cannabis. “La gravedad es que todos esos establecimientos a partir del lunes, quedan en conflicto con la ley penal”, indicaron con preocupación.
