“Primer centro informativo de Córdoba. Una alternativa terapéutica orgánica y natural”, ese era el mensaje del local, ubicado en la galería cordobesa de General Bustos, perteneciente a Daniel Landgren quien este año obtendrá sentencia por vender aceite de cannabis, acusado de producción, fabricación, extracción o preparación de estupefacientes en dosis destinadas al consumidor.
El caso Landgren tiene algunos condimentos de lawfare, el 25 de julio de 2017 un diario local publicó la noticia de la “apertura del primer local que vende aceite de cannabis”, no demoró su réplica en varios portales para que la policía allanara y clausurara el local. La causa quedó radicada en la Justicia federal de Córdoba y se suma a otras tres: una iniciada por una denuncia del Ministerio de Salud de Córdoba, otra por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba y la tercera por una investigación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico. A partir de allí, los títulos de los medios nacionales cambiaron el título por “allanamiento y clausura del primer local en vender aceite de cannabis”.
En el 2021, entre abril y mayo, se espera la resolución del Tribunal Oral y Federal 2 de Córdoba, en juicio oral y público, en el que el vocal José Fabián Asís integrará el tribunal en sala unipersonal. El 3 de septiembre de 2019, la jueza de Control María Dolores Morales de Cáceres confirmó la elevación a juicio pero, al mismo tiempo, decretó la incompetencia de la Justicia provincial.
La defensa de Langrend está a cargo Carlos González Quintana, abogado de la Comunidad Cánnabica de Córdoba, que hace poco obtuvo el reconocimiento de Asociación Civil, y donde el imputado ejerce como Vocal. Ambos sabían el estallido que generaría dar a conocer la promoción del aceite de cannabis, sin embargo decidieron enmarcarlo como una estrategia de lucha por la causa: “Fue una estrategia de difusión, era un momento ventana, donde buscábamos presionar que se acelere la implementación de la ley 27.350, estaba todo muy demorado”, comenta Landgren.
La fiscalía imputó que la actividad ilícita realizada consistía en la separación de THC y CBD de Cannabis Sativa, para preparar estupefacientes en distintas formas, fraccionarlo y comercializarlo, violando la ley de drogas 23.737. Pero su defensa consistió, en rechazar que su actividad esté destinada a usuarios, sino a pacientes, y que los valores de las moléculas de cannabinoides estaban avalados por la ley 27.350 sobre uso medicinal del cannabis y sus derivados, promulgada en Marzo de 2017.
“Durante el periodo de pruebas, exigimos que se realice la prueba cuantitativa del THC en los aceites, ya que solo mostraban la reacción positiva a la molécula, para demostrar que estábamos por debajo del 1%, y nunca lo realizaron”, explicó el imputado, quien por otra causa de banco de semillas estuvo preso 40 días en 2015.
La justicia federal tendrá que definir, sentencia mediante, si los derivados de la marihuana perjudican o benefician a la salud humana ¿Prevalecerá la perspectiva sanitarista o prohibicionista? “Creemos que va a ser una instancia muy propicia para la comunidad, donde con argumentos sólidos se debata que no corresponde a un caso de narcomenudeo o ejercicio ilegal farmacéutico, sino un avance desde la medicina para la salud”, respondió Landgren.
Su voz no tiene sobresaltos, se lo oye tranquilo, Daniel Landgren, participa en la Comunidad Cannabica de Córdoba (CCC) desde su origen hace 10 años, siempre con acciones territoriales, no tanto uso de marketing en redes sociales, se dedicaron al asesoramiento y seguimiento de pacientes, como así también la participación en Congresos que ya superan los 600 asistentes. En el 2015 registraron 35 mil personas en la marcha por el Día Mundial de la Marihuana.
“Nunca estuve detenido por esta causa, porque el fiscal actuó de oficio ante las publicaciones de los medios, estuve en el allanamiento de mi casa y siempre me puse a derecho de las autoridades. Es más le lleve un Manual del Cultivador a los fiscales”, cierra Landgren.
