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La ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti aprobó el 20 de octubre un proyecto de cultivo de 240 hectáreas de cannabis en Cafayate, en Salta, por pedido del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz. La disposición fue presentada por la Compañía de Investigación y Desarrollo SA, según informó el medio local. Sin embargo, los vecinos de la zona cuestionan y piden más información sobre la propuesta, que muestra varios puntos inciertos.

La iniciativa, publicada en el boletín oficial bajo la resolución nacional 2774/2021, despertó la oposición del Movimiento Social Resistencia Kallchaki. Liderada por su presidente René Alancay, la agrupación organizó una asamblea popular el pasado viernes en la plaza principal de la ciudad salteña. Allí reclamó que “hay necesidades más básicas que venimos peleando hace mucho tiempo como lo es el elemento vital del agua”.

El proyecto firmado por el gobierno nacional indica que la Compañía de Investigación y Desarrollo SA está constituida por Alberto Paganelli y Diego Glazman, quienes designaron a Julio Ricardo Lávaque, de acuerdo con información de Página/12. La investigación de aquel medio reveló que ninguno de los dos socios cuenta con tierras a su nombre en Cafayate. Además, el apuntado a cargo sería el cuñado de la intendenta de Salta Capital Bettina Romero, y yerno del senador nacional Juan Carlos Romero.

Preguntas sin responder

El proyecto en Cafayate no menciona ninguna matrícula para el cultivo de cannabis con fines medicinales. En lugar de ello, tan solo comenta que la extensión se halla en aquella ciudad salteña. Para eso señala las “coordenadas geográficas de Cafayate” desde los parámetros de latitud, longitud y altura. No obstante, esos criterios llevan a la plaza principal del departamento, donde es imposible que puedan utilizarse las 240 hectáreas que el proyecto plantea. 

Por otro lado, el texto visado por Vizzotti indica a Facundo Dal Borgno como responsable técnico, y publica su número de celular. Según informó Página/12, cuando el medio se comunicó con el encargado para aclarar la información, él objetó que “desconocía sobre el tema”. Lo mismo sucedió con el jefe del Programa de Epilepsia del Ministerio de Salud de Salta Juan Pablo Zorrilla, que suele ser la referencia oficial en todo lo relacionado a cannabis medicinal en la provincia.

Asimismo, la iniciativa define la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el cultivo e investigación. No es su primer trabajo en conjunto con el gobierno salteño: el organismo nacional ya había coordinado fuerzas con el Fondo Especial del Tabaco y la Cámara del Tabaco de Salta en el marco de un proyecto público-privado que, pese a que las partes lo presentaron al ministerio de Salud el 18 de octubre, aún no recibió el aval oficial.

Al respecto, el INTA afirmó el 28 de octubre que “está ejecutando” el convenio junto a las organizaciones de tabaco, por lo que “actualmente todas las capacidades profesionales están afectadas”. Luego aseguró su “predisposición para analizar la factibilidad de articulación” entre ese trabajo y el proyecto en Cafayate.

Resistencia provincial

Desde el Movimiento Social Resistencia Kallchaki, Alancay recordó que los vecinos tuvieron malas experiencias con proyectos similares. El presidente de la organización citó la instalación del Parque Solar Cafayate en 2019, que no brindó “ningún beneficio para quienes somos del pueblo”. Ante ello, agregó: “La asamblea popular es para que la gente decida si está o no de acuerdo, y cómo vamos a seguir”.

Junto a la resistencia popular, también el senador por Cafayate Sergio Saldaño expresó su disconformidad ante la disposición del gobierno nacional. El legislador se unió a la crítica de Alancay al Parque Solar, que, según él, no se materializó en beneficios o fuentes de trabajo para los pobladores de Cafayate. Luego manifestó, sobre el proyecto de cultivo de cannabis: “No sabemos el negociado que viene detrás y como legislador estoy preocupado. Vamos a pedir informes la semana que viene”. 

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