“El Estado me está empujando a la ilegalidad”, fueron las palabras de un joven de Tucumán que había sido procesado por tenencia de estupefacientes por tener vencido el permiso del Reprocann.

El operativo, en el que la policía decomisó las plantas de cannabis del joven en su domicilio, se llevó a cabo en mayo de este año. Según indicó el hombre, el Reprocann se le venció el 14 de febrero de este año y estaba a la espera de que le aprueben la renovación.

“Consumo marihuana con fines medicinales y ahora estoy aquí defendiéndome de una acusación por culpa de la burocracia”, añadió. Después de escuchar esas palabras, al analizar las pruebas de la causa y las posturas de las partes, el juez Roberto Flores dictó el sobreseimiento del hombre, marcando jurisprudencia que podrá ser utilizada en todo el país para aplacar una polémica que tiene actualidad nacional.

Desde que se creó el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) a fines del 2020 y comenzó a funcionar en 2021, cualquier paciente dentro del país que presente el certificado médico que confirme una dolencia, enfermedad y/o patología existente, puede cultivar un máximo de nueve plantas en floración y se autoriza el transporte de entre 1 y 6 frascos de 30 ml de derivados o hasta 40 gramos de flores secas.

La autorización tiene una duración de tres años y la renovación, en la que el solicitante debe cumplir los mismos requisitos que la inscripción, en principio debe tardar dos meses. 

Sin embargo, desde fines del 2023 comenzó a haber demoras que siguieron durante este año, en algunos casos hasta más de 5 meses. Ante esta situación, el cultivador tiene dos alternativas: producirla ilegalmente o conseguirla en el mercado negro. 

Las autoridades de la Nación sostienen que la tardanza se debe al análisis exhaustivo de la nómina de inscriptos que sería de más de 200.000 personas. Esa demora dejó desprotegidos a los cultivadores de todo el país.