A un mes de la persecución y cierre, con dos clausuras mediante, el local de San Miguel Jardín Primitivo Grow, logró dictamen favorable ante la arbitrariedad de la División de Habilitaciones, encabezada por el funcionario Mariano Calvente y el aval de la Jueza de Faltas Marisa Guilanea de inhabilitarlos a trabajar.

El 6 de enero el grow había sido insólitamente clausurado, bajo los artículos 50 y 63 de la ordenanza municipal 359/77, disponiendo el cierre del local, por la no adecuación de productos según su regulación vigente- 2 bolsas de tierra “para cannabis”- e imponiendo, por el Juzgado de Faltas, una multa de 20 mil pesos. Como salida a esto, la jueza de faltas, Marisa Guilanea, también daba lugar a adecuarse a la habilitación actual (de vivero) para continuar. Esta fue la decisión de Ezquiel Taborga, dueño del local y su abogada defensora Laura Fechino, quintando las bolsas de tierra “para cannabis” y ponerlas a disposición.

Pero en el municipio de San Miguel, las directivas del Juzgado de Faltas, no pesaron más que la decisión personal y autoritaria del funcionario Calvente, de quien muchos testigos, entro otros comerciantes, afirman que repite en distintas reuniones que “los grows en San Miguel no se van a permitir porque fomentan el cultivo de cannabis”. A contramano de la Ley 27.350 que avanza en un principio de derecho al acceso de cannabis con fines medicinales.

“Es de una arbitraria inaudita como se maneja la División de Habilitaciones. Los grows tienen que ser un lugar de conexión con el paciente, son los que pueden instruir a los usuarios que ahora el Estado les permite el autocultivo”, expresó la abogada Fechino en conversación con este medio.

Presentada la adecuación a la regulación de vivero, retirando de las bolsas de tierra en cuestión, los agentes municipales volvieron a clausurar el local, pero esta vez bien al estilo del municipio: de madrugada con el local cerrado. La estrategia de Calvente, expresada en reunión con Taborga y Fechino, era: “nos pedía, y estaba muy apurado, en que declaremos por escrito que actividad queríamos desarrollar y ellos nos habilitaban según la regulación”, cuenta Fechino y agrega “obviamente que para toda la actividad que desarrolla el grow no existe habilitación municipal, con eso nos quería dejar cerrados”.

En el municipio de San Miguel, uno de los más cuestionados en materia de habilitación, todavía resuena el caso de la muerte de Lucia Costa Osores en el bar Zar Burgers (2020), y la paradoja de un municipio que no permite la habilitación de Tabaquería, para evitar los productos asociados al cannabis, pero permite que los demás negocios vendan cigarrillos, por ende “sin autorización”.

Pero en este caso, la lógica recaudatoria del municipio no avanzó. El Juzgado de Faltas, elevó el caso y Jueza de Paz, Graciela Garcete se expidió a favor del derecho a trabajar de Jardín Primitivo Grow y en contra de que el Municipio no comunicó de forma clara cuales eran los motivos por los cuales continuaba la clausura –luego del retiro de las dos bolsas de sustrato-.

La resolución también indica dar información adecuada y ajustada a derecho sobre los alcances de la habilitación para el local. Además solicitó a la Red de Cannabis Medicinal (RACME) del CONICET información y recaudos sobre el sustrato para el cultivo de cannabis medicinal.

La abogada Fechino tiene expectativas de avanzar con esta causa a fin de conseguir un amparo judicial que sirva para otros locales que sufran un “abuso de autoridad” por parte de la División de Habilitaciones municipal.

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