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Reforma en la Ley de Salud Mental: cambios en las internaciones involuntarias y la vuelta de los manicomios

Nahuel Rodriguez — Fri, 05 Jan 2024 23:13:09 +0000

La Ley “Ómnibus” de Javier Milei entre otras cosas plantea modificaciones a la actual Ley de Salud Mental dando lugar al reclamo de profesionales y familiares de pacientes.

El proyecto de ley “Fundamentos y Bases para la Libertad de los Ciudadanos Argentinos”, conocida como Ley Ómnibus, enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) prevé modificar 8 artículos de la actual Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones promulgada en diciembre de 2010.

De esta manera, se busca dar lugar y respuesta al reclamo de profesionales de la salud y también al de los familiares de pacientes con enfermedades mentales y adicciones.

Entre los puntos en discusión están las internaciones involuntarias de los pacientes y la idea de crear hospitales psiquiátricos (especializados) o la actuación del Órgano de Revisión (OR).

En este último caso, y si se aprueba el documento, el OR pasará a estar integrado por un equipo multidisciplinario. Así el proyecto prevé la modificación del artículo 39 que propone que dicho cuerpo esté integrado por un médico psiquiatra, un psicólogo, un técnico especialista en adicciones, un técnico especialista en cuestiones de niñez y adolescencia. y un abogado especialista en la materia.

La reforma, en el artículo 5, señala que el diagnóstico de salud mental “no habilita la presunción de riesgo de daño o incapacidad, lo que debe responder a una evaluación interdisciplinaria”.

De esta manera, faculta al juez a “adoptar medidas de atención urgentes y deberá posteriormente realizar la correspondiente evaluación interdisciplinaria, cuando así corresponda en situaciones particulares”.

En su artículo 11 la normativa propone que el Ministerio de Salud de la Nación, que es la autoridad de aplicación, debe “promover con sus pares de las provincias servicios de rehabilitación a nivel comunitario, además de las actividades de inclusión social, laboral y de atención que ya preveía la norma”.

El artículo 20, que plantea las condiciones para que se dé la internación involuntaria, de la ley actual prevé que sea “excepcional” para el momento en que no sea posible “el tratamiento ambulatorio y profesionales de la salud adviertan una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o terceros”.

Pero sí es necesario que dos médicos de distintas especialidades, si o si un psicólogo o psiquiatra, sin relación previa con la persona a internar tengan que firmar un dictamen profesional.

La modificación propuesta por el proyecto del PEN mantiene la excepcionalidad de la internación “como recurso terapéutico”, pero aclara que se procede, previa evaluación médica y del equipo interdisciplinario, en cuatro casos:

No logre adherencia a los abordajes ambulatorios y presente una falta de conciencia de enfermedad que afecte su capacidad de discernimiento y que implique una grave vulneración a su salud integral
Se encuentre en situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros
Con posterioridad a la internación bajo el supuesto del punto anterior, no entrañe riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, pero no hayan cesado las causas que generaron tal situación
Se trate de un menor de edad que padece adicción a sustancias psicoactivas que comprometa gravemente su salud integral o desarrollo psicofísico. En este caso, es a pedido de ambos padres o de quien/es ejerzan la responsabilidad parental, tutor o a requerimiento del juez, previa solicitud del órgano administrativo competente.

En estos casos, se mantiene la necesidad de contar con un dictamen profesional del equipo interdisciplinario, pero bastará con “al menos la firma de un médico psiquiatra o un psicólogo”.

El documento enviado por el Ejecutivo obliga al equipo de salud a externar al paciente o tener en cuenta su voluntad para la internación apenas cesa la situación de riesgo pero aclara que “esa decisión depende de aquello que motivó la internación”.

El integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA) y también coordinador del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, Emilio Ruchansky, dialogó con Cannabica Argentina sobre las modificaciones propuestas y dio su punto de vista al respecto.

Ruchansky señaló que uno de los problemas que se plantean en la modificación de la Ley actual de Salud Mental es la de volver a las internaciones judiciales, es decir que un juez o una jueza, a pedido de familiares, pueda internar a una persona sin ningún tipo de consideración médica.

“Hay que aclarar que la internación involuntaria en Argentina existe, la diferencia es que actualmente hay un control, la persona que es internada tiene derecho a la defensa y la internación la define el equipo interdisciplinario”, explicó el trabajador de prensa.

Según indicó Emilio, se trata de un “excelente piso de derecho” para una persona que tiene un problema de salud mental. “Una internación involuntaria es una privación de la libertad, no es una pavada”, aseguró.

Por otro lado, el integrante de CECCA afirmó que el hecho de que se plantee la posibilidad de volver a crear manicomios “es tal vez lo más peligroso”. “Los pacientes que tengan un problema de salud mental, incluidos los que tienen consumos problemáticos, deben ser atendidos en hospitales generales, no hay que esconderlos”, señaló.

Ruchansky defendió la actual Ley de Salud Mental por restituir derechos a quienes tienen padecimiento mental o consumos problemáticos. “En algún punto la Ley de Salud Mental discute la Ley de Drogas y, en muchos sentidos, despenaliza”, agregó.

A su turno, el presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) y Licenciado en Psicología de la UBA, Gustavo Zbuczynski, afirmó que los cambios planteados en materia de salud mental no escapan a lo propuesto en general en la Ley Ómnibus.

“La podemos llamar el colectivo antiderechos, todas las modificaciones que propone este proyecto, casi sin discriminación, apuntan a una mirada de quitar derechos concedidos”, aseguró el psicologo.

Para Zbuczynski las medidas prevén facilitar y ampliar las internaciones involuntarias y generar un colectivo de personas cada vez mayor susceptibles a ser internadas contra su voluntad.

De esta manera, explicó el titular de ARDA, se facilita el negocio de las corporaciones médicas, clínicas privadas y comunidades terapéuticas que se venían transformando o reduciendo desde 2010 con la Ley de Salud Mental.

Gustavo criticó particularmente uno de los cambios planteados en el documento enviado para que el abogado defensor del paciente se pueda oponer a un alta terapéutica.

“Es una locura total porque si el equipo interdisciplinario propone un alta es porque considera que la persona está en condiciones de externarse”, señaló el profesional de la salud y agregó que se trata de una reivindicación del ámbito del derecho por encima de la salud mental.

Entre otras modificaciones figura también el hecho de poder evitar la participación de representantes de organizaciones de usuarios de drogas, como lo es ARDA, y otros de derechos humanos en los órganos de control.

En lo que respecta a consumos o adicciones, el documento incluye a las comunidades terapéuticas y las reconoce como un dispositivo para tratar a los pacientes.

“Además, se reivindica a los técnicos en adicciones, formados por el movimiento de comunidades terapéuticas, que son ex usuarios que pasaron por las comunidades y se formaron ahí y son equiparados con profesionales de la salud”, señaló Zbuczynski.

Según indicó el presidente de ARDA, los técnicos en adicciones han sido denunciados, por parte de su propia organización, por violación a los Derechos Humanos y que con la “oleada antiderechos” vuelven a tener preponderancia.

Creación de centros especializados para la internación

La iniciativa del PEN dejaría sin efecto el artículo 27 de la normativa actual que plantea la prohibición de la creación de nuevos “manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados».

De esta manera, el nuevo texto señala que: “Los hospitales o centros médicos, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados deberán funcionar conforme a los objetivos y principios expuestos, y de acuerdo a las reglamentaciones que establezca la autoridad de aplicación”.

Además, se hace hincapié en que las internaciones de salud mental no deben llevarse a cabo en hospitales generales, sino que deben hacerse en “instituciones adecuadas”.

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Colombia: El cannabis medicinal tiene futuro, aunque condicionado

Redacción Cannabica Argentina — Wed, 14 Sep 2022 14:31:42 +0000

Aunque se ha planteado como un motor de desarrollo económico en Colombia, tras seis años de su legalización es evidente la necesidad de reformas

La legalización del cannabis generó una explosión de empresas, cooperativas, asociaciones y productores individuales que vieron una gran oportunidad de negocio, pero los elegidos serán pocos.

“Esto va a ser un mercado para diez o veinte y va a tener rendimiento para esas diez, pero seguramente no de los niveles que se han pensado”, le cuenta a EL PAÍS Efraín López Amaris, director del estudio jurídico Árpez Company, que asesora gobiernos y sector privado en el tema del cannabis.

“El fracaso de la industria de cannabis viene desde las grandes escalas y repercutió en las pequeñas, y no solo en Colombia (…) Los inversionistas se dedicaron a vender expectativas sobre rendimientos futuros, captaron la inversión.

Ahora la industria tiene sobreoferta y el valor del cannabis es muy bajo. Va a haber muchas empresas quebradas”, explica López. “En ese descalabro están todos, no hay una empresa que no esté en rojo en Colombia”, afirma Diana Valenzuela, directora jurídica de Anandamida Gardens e integrante de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis – Asocolcanna. Precisamente, el presidente Gustavo Petro ha puesto la discusión sobre la mesa y ha abierto la puerta para hacer reformas.

Para, un problema estructural del sector está en que no hay a quién venderle. Para ella, la solución está en la regularización del uso adulto. Iniciar por la legalización del medicinal fue estratégico porque permitió “abrir mentes, o abrir paso, en un mundo de mucho estigma”, pero se requiere dar un paso más.

Esta idea encontró un aliado en la administración de Petro, quien desde su primera semana como presidente propuso legalizar el cannabis incluso sin licencia, para consumo interno y exportación.

En el empalme con el Gobierno saliente, el equipo del Pacto Histórico de Petro señaló que en el sector de drogas hay una dispersión de competencias entre entidades, que hay poco presupuesto y que había un “sistemático bloqueo del gobierno saliente, que nos entrega solo discursos misionales sin cifras”.

También mencionó la necesidad de investigar posible corrupción en contratos y frenar las acciones que generan estigmatización contra productores y consumidores. La propuesta del Gobierno es centralizar la política de drogas en la Presidencia de la República para elaborar una política pública integral, basada en un enfoque de derechos humanos y paz, con la participación de las poblaciones históricamente afectadas por la prohibición.

Hay dos proyectos de ley en el Congreso colombiano, de los congresistas Gustavo Bolívar y Alejandro Ocampo (ambos del Pacto Histórico), y otras dos propuestas de reforma constitucionales, de los representantes liberales Juan Carlos Lozada y Carlos Ardila. Todas están encaminadas a la aprobación del uso adulto del cannabis.

Se necesita cambiar la Constitución porque una enmienda a su artículo 49, hecha en 2009 e impulsada por el entonces presidente Álvaro Uribe, prohíbe el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas salvo prescripción médica.

El proyecto más completo es el de Bolívar, que propone la legalización para mayores de 18 años, desde un enfoque similar al propuesto por el equipo de empalme. Hace énfasis en la inclusión de los pequeños y medianos productores, especialmente los de las regiones afectadas por los cultivos de uso ilícito y por el conflicto armado, con medidas específicas para facilitarles el acceso a las licencias como hacerlas gratuitas, así como el reconocimiento de semillas de comunidades indígenas, campesinas y minorías raciales.

En relación con el consumo, contempla la garantía para el auto – cultivo, la creación de dispensarios públicos o privados, el comercio electrónico y la conformación de clubes o asociaciones.

Bolívar aborda también la eliminación de antecedentes penales para las personas condenadas por delitos relacionados con el cannabis, cuando los responsables estén “en situación de pobreza, extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión, discapacidad, coacción de un tercero”. Esto refuerza la libertad que podrían pedir alegando el principio de favorabilidad penal.

Solamente en el municipio caucano de Toribio, las autoridades tradicionales reportan saber de unos 300 jóvenes privados de libertad por hechos relacionados con la marihuana, explica Buenaventura Opocué, vicepresidente de la Asociación Agropecuaria indígena y campesina de cannabis medicinal – ASOICANN, integrada por habitantes de ese municipio.

Además de la reforma legislativa, los productores grandes pequeños y medianos consultados coinciden en que la promesa solo despegará si además el Gobierno toma medidas decisivas, como asumir el apoyo a los pequeños y medianos productores de cannabis con apoyo técnico.

“No he visto muy frecuentemente que el Estado renuncie a su responsabilidad de manera tan directa” afirma Julián Wilches, cofundador y director de asuntos corporativos y regulatorios de Clever Leaves , una de las principales productoras de cannabis medicinal en el país.

En relación específica con los pequeños y medianos, López afirma que solamente el Estado va a poder sacarlos adelante, y “con mucho dinero de por medio”. Valenzuela considera que el Estado debe invertir también en la investigación, especialmente en el ámbito médico, que es prácticamente inexistente en el país.

El Ministerio de Ciencia solo ha apoyado una iniciativa, encaminada a promover la transferencia tecnológica necesaria para producir cannabis y sus derivados en Colombia, llamada “Evaluación de formulaciones nanoestructuradas de extractos de Cannabis encapsulados en micelas poliméricas para el tratamiento del dolor crónico”.

Óscar Ospina Quintero, secretario de salud de Popayán, está tratando de impulsar una asociación de médicos especialistas prescriptores de cannabis. Para él, se requiere formarlos en el conocimiento de los usos médicos de la planta e inclusive traer a quienes más han avanzado en eso en otros países.

Hoy solamente existen hay dos medicamentos aprobados con base de cannabis en Colombia, el Epidiolex y el Sativex, por lo que el acceso de los pacientes ha sido por medio de fórmulas magistrales, elaboradas por un boticario a partir de una prescripción médica personalizada según las necesidades específicas del paciente, como señala Valenzuela.

Que el cannabis siga figurando como una sustancia psicoactiva de uso controlado genera suspicacia de parte de muchos profesionales de la salud.

En el sector también piden solucionar el tránsito de quienes ya cultivan marihuana hacia la producción legal. En ASOICANN, explica Opocué, no lograron obtener una licencia de cultivo.

Cuenta que el Ministerio de Justicia demoró un año la visita técnica inicial que debía hacer en menos de dos meses; cuando la hicieron, se había dañado la infraestructura construida y no tenían los recursos para reconstruirla. Además, el cannabis no está incluido en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

Opocué cuenta que las más de 7.000 familias cultivadoras de marihuana de Toribío se están preparando para la legalización del cannabis de uso adulto. Dice que esperan que se priorice el norte del Cauca “con infraestructura, con licencias, con comercialización”. Proponen también que el gobierno propio de los pueblos indígenas pueda dar licencias.

La necesidad de que la producción legal mejore las regiones afectadas por la guerra contra las drogas está también sobre la mesa. El centro de pensamiento Dejusticia publicó un estudio el 4 de agosto en el que propone que la política fiscal establezca impuestos a la producción, comercialización y consumo de marihuana en un mercado legalizado.

Tomando el modelo existente en Estados Unidos, proponen que los recursos obtenidos por esta vía se destinen a programas de reparación en los territorios afectados.

Un último tema que piden los consultados es la creación de espacios de articulación para elaborar una política pública que fortalezca el sector. “De eso se encarga la dirección de cadenas productivas del Ministerio de Agricultura y desde hace dos o más años se ha venido tratando de consolidar la cadena productiva”, dice Efraín López. Agrega que la cadena es importante porque sería el vehículo de interlocución entre el Gobierno y la industria.

Todavía no ha sido conformada, aunque hay avances regionales sobre todo en Cundinamarca, Antioquia y Cauca; para López se consolidará cuando el sector se depure un poco.

Ospina ha venido avanzando desde la Secretaría de Salud de Popayán en conformar una mesa cannabica en el municipio. Están trabajando en un decreto que le dé respaldo legal para que “pueda hacer incidencia en los usos medicinal y recreativo, haciendo pactos ciudadanos y planteando debates, por ejemplo, de quién puede usar un parque. Hay que hacerlo trabajando con la gente”. Espera que el alcalde firme el decreto antes de octubre de este año.

Sin esas reformas legales que despenalicen el consumo adulto y regulen el mercado, y esas medidas que lo doten de las herramientas que tienen otros sectores legales, la marihuana seguirá nutriendo la economía ilegal y seguirán lejanas las expectativas de los campesinos e indígenas de encontrar en el cannabis un camino a la productividad.

Nota vía El País.

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