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La ley penaliza la tenencia y comercialización de drogas, que ya se ha declarado su inconstitucionalidad del art.14 (solo tenencia) en el fallo Arriola (2009) en la Corte Suprema de la Nación, por inmiscuirse en la moral privada. El mismo fallo que recomienda al Poder Legislativo legislar para proteger los derechos que otorga el art.19 de la Constitución Nacional, sobre no criminalizar el daño que una persona se produzca a sí mismo. Desde aquel entonces, se presentaron 28 proyectos para modificarla y adecuarse al fallo de la Corte, ninguno prosperó.

En la actualidad el apoyo de diferentes sectores políticos, organizaciones, poderes judiciales y legislativos sobre el avance en la modificación de la Ley de Drogas, parece aumentar, pero no llega a manos de cuadros políticos con poder de decisión, como sí paso en los noventa con Eduardo A. Duhalde, quien por aquel entonces comandaba la Cámara como Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires. Luego la dejaría para ser vicepresidente de Carlos Menem.

No solo se le adjudica juntar los consensos para promulgar la Ley de Drogas, sino que a lo largo de la década fue condecorado por su lucha contra las drogas: Orden de Boyacá, por la entrega de tres aviones IA58 Pucará para ser utilizados en la lucha contra el narcotráfico al presidente V. Vargas de Colombia (1989). Doctor Honoris Causa, campaña a favor de la prevención de adicciones y la lucha contra el narcotráfico, Universidad de Génova, Italia (1992). Profesor Honoris Causa del Instituto de Prevención de la Drogadependencia de la Universidad del Salvador (1996). Doctorado Honoris Causa de la Universidad Hebrea Argentina Bar-Ilan por la tarea de prevención de las adicciones (1999).

Después de los tres kirchnerismo, donde la política de drogas siguió siendo de orientación punitivista, en 2019 el ministro de Justicia, Germán Garavano, envió al Congreso un proyecto de reforma del Código Penal, en donde se mantenían los artículos sobre pena de prisión por tenencia simple y la tenencia para uso personal, pero con la novedad del agregado: «la tenencia no hubiera trascendido el ámbito de la privacidad».

La Defensoría del Pueblo junto a RESET-Política de Drogas y Derechos Humanos, concluyen en el informe «A pesar de los 30 años de la ley 23737 de drogas» que este concepto de “privacidad” no está definido claramente, por lo cual se suma a los de “escasa cantidad” y “demás circunstancias” como zonas grises o expresiones abiertas, laxas e indeterminadas a ser interpretadas por fuerzas de seguridad, fiscales y jueces, lo que podría ocasionar el inicio de causas contra usuarios con parámetros totalmente disimiles entre sí, ya que la norma no explicita de manera cierta y específica ninguno de los preceptos que contiene.

Números de una ley en retirada

Un reciente informe, de la investigadora Florencia Corbelle (UBA), La Ley de Drogas en Números indica que el 90% de las causas iniciadas entre 2011-2019 por infracción a la Ley de Drogas, fueron por “tenencia simple” o “uso personal”. Las que categorías que menos aumentaron, alrededor de 7%, fueron por “comercialización”, “financiación” y “contrabando”. La mayoría de las causas se inician en el marco de “tareas de prevención” de las fuerzas de seguridad y luego le siguen denuncias en comisarías.

Si bien la información que brinda la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial es escasa y fragmentaria, sabemos que en los juzgados federales en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires entre 2011 y 2012 ingresaron 17.547 causas por infracción a la Ley 23737. De estas el 67% culminaron en sobreseimientos, el 8% en archivo, el 4% en declaraciones de incompetencia o desestimación y únicamente el 2% fueron elevadas a juicio. El restante 19% fueron resueltas de “otras formas”.

Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la pena, las personas presas aumentaron 147% en el periodo 2010-2019. Diferenciado por género se advierte que los hombres presos, por la Ley de Drogas, aumentó 157%, las mujeres 93% y trans presas se incrementó 445% pero para el periodo 2015-2019. Más del 50% de la población trans es por la Ley de Drogas, al igual que sucede con los extranjeros. En las mujeres que registra que la mayoría de las detenidas es jefa de hogares monoparentales, desempleada o con trabajo informal.

Para la conmemoración de los 30 años de la ley 23737, el Procurador Penitenciario Adjunto Interino, Ariel Cejas Meliare, señaló ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que “el modelo de políticas de drogas en América Latina afecta los Derechos Humanos de la población en general y en particular a las mujeres y al colectivo LGBT+. Sostuvo que estas políticas producen más criminalización, mayor encarcelamiento, aumento de la sobrepoblación y afectación de las familias de las personas encarceladas”.

Las estadísticas indican claramente los resultados de una dirigencia política, que de forma inconstitucional, penaliza usuarios y no respeta la decisión individual y privada, de quienes deciden utilizar drogas, a pesar de conocer sus daños. Este sentido es contrario a la tendencia mundial donde la tenencia de drogas no se considera delito y se aborda como problema de salud pública, con el doble objetivo de reducir la demanda y combatir eficazmente el narcotráfico.

Cannabis: Ni el debate legislativo paró la persecución

A contramano de la reivindicación social, que el debate sobre el uso de cannabis estaba teniendo en el Congreso, las cifras de las causas iniciadas por cultivo fueron en aumento. En los años 2015-2016, previo a la Ley 27.350, las detenciones por «tenencia para comercialización» y «tenencia para consumo» aumentaron en un 30% y 11%, mientras que las detenciones asociadas al cultivo de cannabis lo hicieron en un 58%, según se desprende del reciente informe La Ley de Drogas en Números, de la investigadora Florencia Corbelle (UBA).

Las fuerzas de seguridad acusan dos artículos de la Ley de Drogas, según cada detención y son caratuladas como infracción. Son el Art.5d «comercie con plantas o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte», que creció de 530 causas en 2015 a 914 en 2016, con un leve descenso a 860 en 2017 y volvió a repuntar, post Ley de Uso de Cannabis medicinal, a 978 en 2018. El otro artículo es el 5a «siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes, o elementos destinados a tales fines», con menos aumento. De 259 causas en 2015, pasó a 330 en 2016, bajando en 2017 a 279 y luego subió a 320 en 2020, año de la nueva reglamentación que permitiría la implantación del ReProCann (Registro Nacional del Programa de Cannabis) para el autocultivo con fines medicinales.

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Lucía conocía a quién terminó siendo acusado de su muerte, era su «dealer», ese contacto al que miles de usuarios y usuarias se exponen como resultado del paradigma prohibicionista, que mantiene un pacto plenamente de interés financiero  entre las fuerzas de seguridad, la política y el poder judicial. Ese acuerdo que impera en el abuso e imposición sobre el último eslabón de la cadena: consumidores.

Matías Farías, de 23 años, y Pablo Offidani de 41 años, pasaron a buscar a Lucía y fueron hasta el domicilio de Farías, donde la víctima y éste último quedaron a solas. A Farías se lo acusa de suministrarle una cantidad indeterminada de marihuana y cocaína, y aprovechándose de su vulnerabilidad, abusar de Lucía de forma tal que le generó una serie de lesiones derivando en una asfixia tóxica, con congestión y edema pulmonar, hasta llegar a una falla cardíaca letal.

Offidani regresó al domicilio, junto a Alejandro Alberto Maciel, de 63 años, imputado por encumbramiento pero absuelto por el Tribunal N°1, a quien se los acusa de acondicionar el cuerpo de Lucía y trasladarlo a la sala de primeros auxilios de Playa Grande. Guardia médica en la que permaneció esperando Farías. Offidani y Maciel, se fueron.

El fallo patriarcal

El 26 de noviembre de 2018, el Tribunal en lo Criminal N°1, compuesto por los jueces Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso, dictaminó absolver a los tres imputados por el delito de abuso sexual seguido de muerte  y condenar a Farías y Offidani por el delito de tenencia de estupefacientes (33 gramos de cocaína y 216 gramos de marihuana) con fines de comercialización agravados por la minoría de edad y en cercanías a establecimientos escolares, a 8 años de prisión, desestimando todas las versiones de la fiscal Sánchez.

Las argumentaciones de los jueces se basaron en sostenidas visiones estereotipadas acerca de la violencia de género, en particular de la violencia sexual y una estigmatización del consumo de drogas como patología. Los jueces realizaron un camino de preguntas como: “¿Se encontraba Lucía en una situación de dependencia a los estupefacientes de tal magnitud que le imposibilitaba dirigir su voluntad hasta el extremo de mantener relaciones sexuales a cambio de ellos? ¿Era Lucía una adolescente que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento?”.

Siempre el foco indagatorio fue puesto en reconstruir la personalidad de Lucía y su vida sexual y privada, a través de las pericias de su celular, testimonios de familiares y conocidos. Para el acusado Farías, se resalta su conducta previa de no haberle mandado mensajes “desubicados” como otros contactos, de haber frenado comprar “Cindor y facturas”  y hasta un día haberle deseado “que tengas un lindo día” por mensaje de Whatsapp. Los magistrados también destacaron en su conclusión, la conducta de Farías, posterior a la muerte de Lucía, de haberse quedado en la guardia, siendo que habría podido “escaparse”. Como otro rasgo, que aumenta la imagen positiva del acusado, destacan que lo vieron muy apenado luego de la muerte de Lucía y hasta la dueña del alquiler declaró que le comentó la intención de tatuarse su nombre “porque no había podido ayudarla”.

Para los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1, fue más relevante analizar el carácter de personalidad, la vida privada y el consumo de Lucía, que el contexto de femicidios de 254 víctimas en 2016, de las cuales 34 tenían entre 16 a 20 años, según datos de la Corte Suprema de Justicia.

La noción de patriarcado re-emerge en este veredicto y se desentiende de la perspectiva de género, para enfatizar el componente de poder en las relaciones de género. El 12 de agosto de 2020 la Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires revocó la sentencia que absolvió Farías y Offidani por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio” contra Lucía y revocó el sobreseimiento de Maciel  por encubrimiento. En consecuencia, se ordenó al Tribunal Criminal n° 1 de Mar del Plata la realización de un nuevo juicio.

La defensa de los acusados, apeló el dictamen de Casación y el caso llegó a la Corte Suprema bonaerense, que el 13 de mayo de este año rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa, y ordenó la realización de un nuevo juicio: “En base a los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, corresponde juzgar con perspectiva de género, para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva”, sentenció la Suprema Corte de Justicia.

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