En el marco de la exhibición artística El Cuarto de Lucía Pérez, en el taller «De los prejuicios por fumar a los narcofemicidios» convocado por la organización civil Acción Cannábica, Marta y Guillermo, madre y padre de Lucía Pérez, adolescente de 16 años que murió tras encontrarse con “dealer”, aportan sus testimonios para evidenciar cuál es el verdadero debate sobre la legalización.

“La palabra Cuarto es un juego de palabras, ella no debía estar en ese cuarto donde murió sino en su único cuarto. Yo, como madre, estoy segura que ella no fue al cuarto de su ´dealer´ por propia voluntad. Fue vencida, porque la drogaron a su máximo nivel”, expresó Marta Montero.

En este sentido, las declaraciones de Montero, van en sintonía con lo expresado por las Madres Contra el Paco, en C5N: “El doble discurso, la doble moral, la hipocresía. Porque los pibes pobres nuestros son los que van presos, son los que sufren la violencia institucional. Con la penalización de la tenencia, hacemos que todos los pibes que consumen puedan ir presas, es la forma de que todos los pobres vayan presos”.

Montero confiesa que en un primer momento no pudo reflexionar sobre este paradigma prohibicionista que vuelve más vulnerables a los consumidores: “A pocos días de su muerte, recuerdo que arranqué con bronca un poster que Lucía tenía del Pity Álvarez, indignada, y mi hijo me frenó y me dijo mamá ´no es así a Lucía no la mató el haber consumido, a Lucía la mataron tres narcotraficantes´. Si Lucía hubiese tenido la posibilidad de comprar ese cigarrillo de marihuana en un kiosco, hoy estaría con nosotros, no estaría muerta”, manifestó Montero.

El fallo de la impunidad, anulado por Casación en 2018, comprueba la red de complicidad en entre las fuerzas de Seguridad, la justicia y la política. Guillermo, papá de Lucía, agrega datos sobre esta relación de complicidades: “Offidani conoció a Maciel es la Triple Frontera, ahí Maciel trabaja en el CPA (Centro Provincia Atención de Adicciones), esa es la trama que tenían para captar consumidores”.

Offidani y Farías, ambos condenados en el primer juicio anulado solo por narcotráfico, y que serán juzgados nuevamente por la muerte de Lucía, recorrían las inmediaciones de los colegios, a la vista de todos y así mismo fue como los detuvieron al día siguiente del crimen: “Estaban de nuevo con la camioneta cargada de droga y recorriendo las mismas cuadras. Una impunidad total”.

La memoria de Lucía impulsó a Marta y Guillermo, a luchar contra el “fallo de la impunidad” y obtener el juicio político contra los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, dos de los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Mar del Plata. Aldo Carnevale, el otro juez integrante del Tribunal cuestionado quedó exento del juicio político por haber renunciado a su cargo. Ahora esa misma memoria activa los impulsa a sumarse al debate contra el paradigma de la prohibición.

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La muestra de arte contra la violencia patriarcal será realizada en conjunto por la mamá de Lucía, Marta Romero, y Claudia Acuña, periodista y escritora feminista fundadora de la cooperativa La Vaca. Convocan al evento la organización la Comisión de Género de la organización Acción Cannábica.

“Lucía con su mirada nos abre la puerta de su cuarto para reflexionar sobre que violencias atraviesan nuestro mundo, un mundo donde el prohibicionismo solo puede generar violencia y muerte”, expresaron desde la Comisión.

La muestra se da en el contexto en el que se espera comience un nuevo juicio sobre los acusados, a instancias del dictamen en mayo de este año, donde la Corte Suprema de Justicia bonaerense anuló el primer juicio, que absolvía del crimen a los acusado, por falta de perspectiva de género en el fallo de los jueces, y asimismo se proyecta juicio político a los magistrados.

Lucía Pérez murió en 2016, en Mar del Plata, en el cuarto de un “dealer”, en el que estaba por culpa de un paradigma prohibicionista que tiene de rehén a los y las consumidores que son el último eslabón de una cadena de intereses financieros que se enriquece en un entramado de las fuerzas de seguridad, políticos, poder judicial y mediático, avalando la existencia del narcotráfico.

Los medios masivos de comunicación y la justicia estigmatizaron a Lucía por fumar y la culpabilizaron de su crimen. La culpa no es nuestra, sino de un pacto machista-patriarcal que nos violenta, nos mata y nos vuelve a violentar. El poder del narcotráfico en pequeña o mayor escala es también patriarcal”, difundieron desde la organización.

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Lucía conocía a quién terminó siendo acusado de su muerte, era su «dealer», ese contacto al que miles de usuarios y usuarias se exponen como resultado del paradigma prohibicionista, que mantiene un pacto plenamente de interés financiero  entre las fuerzas de seguridad, la política y el poder judicial. Ese acuerdo que impera en el abuso e imposición sobre el último eslabón de la cadena: consumidores.

Matías Farías, de 23 años, y Pablo Offidani de 41 años, pasaron a buscar a Lucía y fueron hasta el domicilio de Farías, donde la víctima y éste último quedaron a solas. A Farías se lo acusa de suministrarle una cantidad indeterminada de marihuana y cocaína, y aprovechándose de su vulnerabilidad, abusar de Lucía de forma tal que le generó una serie de lesiones derivando en una asfixia tóxica, con congestión y edema pulmonar, hasta llegar a una falla cardíaca letal.

Offidani regresó al domicilio, junto a Alejandro Alberto Maciel, de 63 años, imputado por encumbramiento pero absuelto por el Tribunal N°1, a quien se los acusa de acondicionar el cuerpo de Lucía y trasladarlo a la sala de primeros auxilios de Playa Grande. Guardia médica en la que permaneció esperando Farías. Offidani y Maciel, se fueron.

El fallo patriarcal

El 26 de noviembre de 2018, el Tribunal en lo Criminal N°1, compuesto por los jueces Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso, dictaminó absolver a los tres imputados por el delito de abuso sexual seguido de muerte  y condenar a Farías y Offidani por el delito de tenencia de estupefacientes (33 gramos de cocaína y 216 gramos de marihuana) con fines de comercialización agravados por la minoría de edad y en cercanías a establecimientos escolares, a 8 años de prisión, desestimando todas las versiones de la fiscal Sánchez.

Las argumentaciones de los jueces se basaron en sostenidas visiones estereotipadas acerca de la violencia de género, en particular de la violencia sexual y una estigmatización del consumo de drogas como patología. Los jueces realizaron un camino de preguntas como: “¿Se encontraba Lucía en una situación de dependencia a los estupefacientes de tal magnitud que le imposibilitaba dirigir su voluntad hasta el extremo de mantener relaciones sexuales a cambio de ellos? ¿Era Lucía una adolescente que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento?”.

Siempre el foco indagatorio fue puesto en reconstruir la personalidad de Lucía y su vida sexual y privada, a través de las pericias de su celular, testimonios de familiares y conocidos. Para el acusado Farías, se resalta su conducta previa de no haberle mandado mensajes “desubicados” como otros contactos, de haber frenado comprar “Cindor y facturas”  y hasta un día haberle deseado “que tengas un lindo día” por mensaje de Whatsapp. Los magistrados también destacaron en su conclusión, la conducta de Farías, posterior a la muerte de Lucía, de haberse quedado en la guardia, siendo que habría podido “escaparse”. Como otro rasgo, que aumenta la imagen positiva del acusado, destacan que lo vieron muy apenado luego de la muerte de Lucía y hasta la dueña del alquiler declaró que le comentó la intención de tatuarse su nombre “porque no había podido ayudarla”.

Para los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1, fue más relevante analizar el carácter de personalidad, la vida privada y el consumo de Lucía, que el contexto de femicidios de 254 víctimas en 2016, de las cuales 34 tenían entre 16 a 20 años, según datos de la Corte Suprema de Justicia.

La noción de patriarcado re-emerge en este veredicto y se desentiende de la perspectiva de género, para enfatizar el componente de poder en las relaciones de género. El 12 de agosto de 2020 la Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires revocó la sentencia que absolvió Farías y Offidani por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio” contra Lucía y revocó el sobreseimiento de Maciel  por encubrimiento. En consecuencia, se ordenó al Tribunal Criminal n° 1 de Mar del Plata la realización de un nuevo juicio.

La defensa de los acusados, apeló el dictamen de Casación y el caso llegó a la Corte Suprema bonaerense, que el 13 de mayo de este año rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa, y ordenó la realización de un nuevo juicio: “En base a los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, corresponde juzgar con perspectiva de género, para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva”, sentenció la Suprema Corte de Justicia.

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