Nadia indicó que la norma no es clara y deja lugar a interpretaciones ya que no aclara si esos antecedentes penales ya tienen que tener un carácter definitivo, una sentencia que ya se encuentre firme o si estás imputado o procesado en una causa y te figura el antecedente penal. 

“Si de pronto vas a juicio, resultaste absuelto y no pudiste, lamentablemente, ser parte de una asociación civil. Entonces es un grave riesgo el no aclarar”, aseguró la abogada y agregó: “Cuando una persona es imputada, siempre la favorece los principios de derecho penal, la duda. Acá no. Ante la duda la persona es perseguida, es estigmatizada y es castigada”.

La profesional recordó que las asociaciones civiles y las fundaciones que ya están constituidas y que no piensan cambiar sus autoridades no se le exige por parte de la IPJ que presenten allí como autoridad de contralor el certificado, sino que es para las nuevas constituciones.

Además, la norma no alcanza a los miembros de los órganos de fiscalización sino que es solamente a la comisión directiva y al Consejo de Administración. “Hay que tener en cuenta que es para todas las asociaciones civiles y fundaciones que obtengan su personalidad jurídica en la provincia de Córdoba”, concluyó.