Este requisito carece de respaldo normativo en el Código Civil y Comercial, excede la competencia administrativa de la DPPJ, y viola el principio de legalidad que rige para los organismos públicos, quien debe regirse únicamente por la legislación que regula las asociaciones civiles. Vale aclarar que ninguna disposición que regula DPPJ establece este requisito, y se exige de modo arbitrario.

En la nota presentada formalmente ante el organismo, explicaron que dicha exigencia genera obstáculos indebidos, costos adicionales y doble control administrativo, además de vulnerar el derecho constitucional de asociación y restringir de manera arbitraria la base social de estas entidades que establecen en sus objetos sociales, dar cumplimiento a los postulados de la ley 27350, cuya finalidad trasciende el autocultivo medicinal, incluyendo actividades educativas, culturales, científicas y de investigación.

“No puede confundirse a una asociación civil con fines cannábicos, que busca fortalecer a la comunidad, con redes criminales. Negar la personería jurídica a estas organizaciones solo empuja a la informalidad, mientras el narcotráfico sigue operando con impunidad», señaló Ana Daneri.

Además, agregó: «Esta arbitrariedad también demuestra el desconocimiento sobre la regulación actual nacional o en su defecto es un acto meramente discriminatorio y presuntivo. Sin contar que están obligando a personas sanas a declarar falsamente una enfermedad que no tiene».