A poco más de 2 meses de realizada la audiencia pública, la Corte Suprema, por unanimidad, rechazó los planteos de inconstitucionalidad presentados por la asociación Mamás Cannabis Medicinal (Macame) contra las normas relativas al autocultivo de cannabis para consumo medicinal de menores a su cargo.

Además en el amparo presentado reclaman la inconstitucionalidad de los artículos 5 inc A,C, E y último párrafo así como el 14 de la Ley de Drogas 23737.

Así el Tribunal reafirmó que el autocultivo de cannabis con fines medicinales por parte de madres y padres que quieren atender la salud de sus hijos está despenalizado de acuerdo con las normas vigentes en la Argentina y entendió que es razonable el control del Estado para llevar un registro de esta actividad, mediante el Registro del Programa Cannabis (Reprocann).

En el fallo los magistrados interpretaron que la problemática debe abordarse desde el derecho a la salud y no al amparo del derecho a la intimidad como había argumentado, el abogado de las madres de Santa Fe, Domingo Rondina.

De esta manera se desechó la estrategia de Macame por intentar contemplar al autocultivo en el art.19 como ámbito privado en entorno familiar.

“Dichas medidas de control estatal constituyen una injerencia mínima que, lejos de proscribir el autocultivo con fines medicinales, lo someten a una regulación que se limita a asegurar cierta supervisión por parte del Estado, registrar el consentimiento del paciente y garantizar la intervención médica indispensable”, expresó la Corte en su fallo.

Con la respuesta de la Corte, el Registro del Programa Cannabis, en el marco de la ley de Cannabis Medicinal 27.350, fue considerado constitucional y continúa su desarrollo como política pública.

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En el amparo presentado reclaman la inconstitucionalidad de los artículos 5 inc A,C, E y último párrafo así como el 14 de la Ley de Drogas 23737. Aquí algunos recortes antojados para ejemplificar de la ley disponible: “Siembre o cultive plantas o guarde semillas”… “para producir o fabricar estupefacientes, o elementos destinados a tales fines”…“los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte”… “Entregue, suministre, aplique o facilite a otros”… “gratuito”… “el que tuviere en su poder estupefacientes”.

Hasta aquí el planteo podría ser considerado con un amplio consenso de las organizaciones, sobre todo de las que agrupan madres o cuidadoras de un familiar con necesidad de acceder al cannabis medicinal. Pero la defensa del Estado, representada entre otros actores, por el director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación, Dr Gaspar Tizio, expresó que la causa “devine abstracta”, ósea que la controversia fue extinguida, a raíz del decreto 883 del año 2020, donde se crea el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) con el fin de emitir la correspondiente autorización, a los y las pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. Planteo rechazado por la la organización MACAME.

Este es uno de los puntos neurálgicos que surgió de la audiencia: ¿El Reprocann es burocrático y discrecional?

Para el abogado Andrés Bacigalupo, integrante del portal Pensamiento Penal, el espíritu de la norma que intenta emitir el Reprocann muestra un sistema sencillo, la burocracia aparece después. “Por ejemplo la vigencia de un año, la tardanza en expedirse, la falta de capacitación de los médicos sobre cannabis medicinal en general, como así en las carreras de medicina”, y señala que muchas veces las nuevas reglamentaciones, cuando no son elaboradas y analizadas con el tiempo prudente pueden dejar grises: “el tema sobre si el cultivo era exterior, fue uno de los inconvenientes de la norma, que luego debieron salir a aclararlo”.

Al análisis, en referencias a los problemas burocráticos que se desprenden del Reprocann, también puede sumarse que la norma no se expide sobre el control del producto final, ni tampoco indica si el mismo Ministerio, que otorga la autorización, puede ser el controlador de dicho cultivo. Otro de los debates que subyacieron en torno al Reprocann es sí el consumo del cananbis medicinal, sobre todo combustionado (cigarrillo) puede darse en la vía pública.

En la Audiencia Pública el abogado Rondina, citó al Dr Macerlo Morante, coordinador del Registro de Cannabis, en medios de comunicación informando sobre la cifra de solicitudes y autorizaciones, alegando una desproporción y discrecionalidad: “en agosto de 2021 se realizaron 80 mil pedidos de inscripción y se autorizaron 32 mil, en marzo de 2022 fueron 155 mil las inscripciones que llegaron y aún se han autorizado menos de la mitad”.

Para el abogado de MACAME, el Reprocann funciona solamente como un registro que empadrona usuarios con la fragilidad de un decreto, por lo cual un cambio de política podría poner en peligro dicha base de datos. Si bien el Reprocaan no exige una especialización y cualquier médico/a matriculado puede recetarlo, lo cierto es que el o la profesional debe registrarse previamente en el sistema, este paso es la principal limitación de muchos profesionales a alejarse del trámite.

En línea con el argumento del abogado Rondina, varios usuarios y usuarias del Reprocann contestaron a este medio que realizaron el registro mediante una gestoría por el monto de 6 mil pesos aproximadamente, a cambio de los datos personales para obtener el registro. Otros tantos usuarios, realizaron los pasos personales y buscaron por redes sociales un médico o médica inscripto, abonaron la consulta médica alrededor de 4 mil pesos, que se realizó por videollamada, y luego esperaron la autorización.

Como se mencionaban anteriormente, del modo que muchos profesionales se alejan del registro otros evidencian en sus perfiles hasta diez o más autorizaciones expedidas por el Ministerio por día, esto nos deriva en el interrogante: ¿los profesionales con tantos pacientes continúan en contacto periódico para examinar la evolución del cuadro clínico?

Si bien es sabido que los efectos contraproducentes del cannabis son mínimos, y equiparables con los provocados por otros medicamentos, como nauseas, migrañas o sarpullido, no se está exento de la desinformación circulante y como el caso de la psicóloga Milena Pozo, donde una médica de guardia asoció síntomas con el consumo de aceite de cannabis sin haber hecho estudios que lo corroboren, lo cual derivó en una denuncia contra la psicóloga que le facilitó y recomendó el uso de aceite.

En síntesis el repaso que dejó la Audiencia Pública convocada por la Corte Suprema de la Nación, en torno al Reprocann, nos obliga a destacar que después de muchos años el Estado ha dado una respuesta a la cuestión socialmente problematizada –cultivo de cannabis medicinal-. Esa política pública todavía puede ser revisada en sus procesos, diagnóstico-solución-estrategia, cuál fue su posición, con qué recursos la abordó, qué alianzas implementó y si tuvo el impacto deseado o impactos secundarios.

El Estado, en búsqueda del bien común pero también de su propio interés, no es totalmente homogéneo así como las organizaciones que lo componen que disputan por la posición dominante. Toda regulación que se realice sobre la cuestión, tendrá burocracia porque es una de las características del Estado Moderno, la legitimidad basada en las normas y el apego a ellas. Por esto, hipotéticamente pero dentro de las posibilidades, una resolución de la Corte favorable a MACAME podría llevar a la despenalización del autocultivo, por ende sin regulación estatal.
Este medio contactó al coordinador del Reprocann para participar de la nota, pero no fue posible.

Otro de los puntos neurálgicos, contemplar al autocultivo en el art.19 como ámbito privado en entorno familiar.

Esto significaría que el Estado encuentra su límite de intromisión en las acciones privadas que no afecten al orden y la moral pública –por ende un tercero en cuestión-, como fue en el recordado Fallo Arriola (2009) donde no se penalizó el consumo personal de sustancia psicoactiva.

Esta posición desató la mayor intervención del tribunal compuesto por Rosenkratz, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti. Los ministros indagaron sobre si: ¿Los hijos/as para quien se elabora el cannabis medicinal, son terceros o usuarios directos? ¿Se plantea un derecho a la salud, lo cual implica una regulación estatal o derecho a la autonomía pero sobre terceros y el orden público?

Para el abogado Andrés Bacigalupo, estos son los puntos “más espinosos” por los que el caso llega a la Corte: “Si hablamos de Arriola, no podemos poner en el mismo el derecho a la salud. Arriola es claro en un aspecto, la tenencia de estupefacientes para consumo personal sin afección de terceros. Mi sensación es que la Corte no interpreta que el art.19 sea para terceros».

«Acá entramos en el camino de ampliar la palabra terceros. La jurisprudencia argentina nunca entró de lleno a analizar el consumo social, como es el caso de otro países», explica Bacigalupo. Este atraso está marcado por el prohibicionismo, que desechó a las sombras el uso y sobre todo la investigación del cannabis medicinal. Quizás la falta de evidencia científica haga, hipotéticamente pero dentro de las posibilidades, que una resolución de la Corte podría ser evitar sentenciar sobre lo que la ciencia aún no se haya expresado por consenso.

Para Rondina, abogado de MACAME, el problema del cannabis “es por el temor al estupefaciente a causa del prohibicionismo, vos me tenes que demostrar que el cannabis hace mal, porque las pruebas que aportamos son todas positivas y solo es contraproducente como otros medicamentos” y agregó “insisto en que no son terceros a sus madres, si bien técnicamente son, pero es un tercero en cual la madre puede decidir. Como cuando uno toma una decisión doméstica. Si no hay daño, no hay terceros”.

En su argumentación, Rondina referencia que la preparación de cannabis medicinal se enmarca en la preparación de productos naturales de efecto terapéuticos, como el tilo, el aloe vera para heridas, y “la cantidad de romero que se le pone al tuco”. “¿Usted está comparando con acciones culinarias?” preguntó sorprendido el ministro Maqueda. “Sí, son saberes del orden cultural que integran un capital simbólico que identifica similares características de ancestralidad y sabiduría”, respondió Rondina.

Esta comparación podría parecer “disparatada”, pero en la estrategia de judicial cobra mayor sentido. Si el cultivo de cannabis medicinal con fines medicinales, es percibido de forma compleja y rigurosamente técnico, allí cabría la regulación estatal y la apropiación de los laboratorios para su certificación.

De aquí se desprende la participación del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF) de la provincia de Santa Fe, como Amigos del Tribunal. La representante del Directorio, Elida Formente, contó la experiencia de analizar, estandarizar y producir bajo normas estándares de fármaco vigilancia y gestión de riesgos–al momento con material vegetal importado- cannabis medicinal. Sumando que proyectan realizar cultivo experimental junto al INTA.

La decisión ahora está en manos de la Corte Suprema de la Nación, quien escuchó durante tres horas y media a los y las exponentes, y no tiene plazo para fallar. La discusión está muy centrada en menores que no pueden expresar su voluntad, y los ministros difícilmente firmen una acordada que en el futuro la ciencia pueda darle un revés. Un mayor interrogante es la posición que tome en cuanto a la Ley de Cannabis Medicinal 27.350 y sus decretos reglamentarios (Reprocann), donde podría exigir al legislador que el Registro encuentre una etapa superadora.

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Uno de los casos es el fallo denominado «Gago Esteban Daniel y otros» iniciado en 2019 en la provincia de Jujuy donde dos personas fueron detenidas y se incautaron 2,5 kg de hojas de cannabis, 58 plantas, 152 plantines y 442 semillas. Se los acusaba por la infracción a la Ley de Drogas 23737 inciso «a» del art.5 -sembrar y/o cultivar cannabis-.

La sentencia de grado había absuelto a los imputados pero el fiscal apeló y la causa llegó a la Sala I de la Cámara de Federal de Casación Penal. Los votos de los magistrados Daniel Antonio Petrone, Ana María Figueroa y Diego G. Barroetaveña afirmaron que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante sanción del Decreto 883/20 (permiso para el cultivo de cannabis medicinal) «ha emitido una autorización para que dichas conductas puedan ser realizadas por ciertas personas, en determinadas circunstancias, a los fines de obtener aceite de cannabis para uso medicinal».

«Conforme las constancias reseñadas, surge que el Estado nacional –tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo-, receptando un cambio previo en la valoración social, ha tomado el rumbo inequívoco de concebir el aceite de cannabis –y los derivados de esa especie en general, en tanto su uso coincida con ello- como una sustancia de uso terapéutico y medicinal, desechando su consideración como estupefaciente» afirmaron los jueces.

Esfera de privacidad: Artículo 19

La causa se inició cuando, a raíz de una allanamiento en la casa Daniel Alejandro Parissi, Barrio 62, de la Ciudad de Gualeguay se secuestraron plantas de cannabis de 20, 23 y 80 centímetros cada una. En primera instancia el Juzgado Federal N° 1 de Paraná, Entre Rios, condenó al joven a la pena de seis meses de prisión por infracción a la Ley N° 23.737. Contra lo que el defensor del joven presentó un recurso de casación.

La defensa sostenía entre sus argumentos que “la exigua cantidad de plantas secuestradas… permite afirmar que el destino consumo personal no tiene entidad suficiente como para lesionar o poner en peligro la salud pública”. A lo que sumó que “el mayor de los hijos del encausado, cuenta con tan sólo cuatro años de edad, por lo que no puede presuponerse que los niños tuvieran cabal noción del significado y efectos toxicomanígenos de las plantas incautadas.

La sala II de la Cámara de Casación Penal, con las firmas de Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Ana Figueroa, declaró en 2012 nula una sentencia y absolvió de culpa y cargo a Parissi.

“Las plantas se encontraban en el fondo de la vivienda, cerca de un tapial de ladrillos, por lo que no es posible afirmar sin más que se ha excedido la esfera de privacidad que ampara el artículo 19 de nuestra Carta Magna”, agregaron los camaristas.

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Oriunda de la ciudad de Rosario, con 73 años, Figueroa es uno de los apellidos que suenan como candidata a reemplazar a Elena Highton de Nolasco tras su renuncia a la Corte Suprema de la Nación el 1 de noviembre de 2021.

Autodefinida como una “persona muy férrea y que discute hasta el final”, sus fallos representan los cambios de paradigmas sobre juzgar con perspectiva de género (violencia, lesiones, trata, pasante de drogas) y cambios de valoración social sobre el uso y cultivo de cannabis medicinal, entre otros fallos que respetan la esfera privada amparada en el art.19 de la Constitución Nacional.

Nacida el 9 de agosto de 1948 se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Litoral y fundó en 1975 su propio estudio jurídico en Rosario. Sus dos tesis doctorales (UNR y UNL) fueron sobre Derechos Humanos y Derecho Constitucional. En 1986 fue designada por concurso profesora titular ordinaria de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Rosario.

Su especialización en Derechos Humanos, 38 años de ejercicio con causas provinciales federales e internacionales, la llevó a trabajar en 2005 en el área jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, además de ser coordinadora  del área jurídica del Archivo Nacional de la Memoria y dirigir el curso “Derechos Humanos” de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura.

“En la facultad no nos enseñaron qué hacer frente a una desaparición forzada o con los autoritarismo, y tuvimos que trabajar solucionando problemas. Y ahí entendimos de pronto que había un nuevo paradigma que había irrumpido: el derecho internacional de los Derechos Humanos”, expuso Figueroa en la Cumbre de Integración por la Paz (CUMIPAZ) realizada en Chile 2015.

En enero de este año, Figueroa votó a favor de la absolución para el fallo Gago Esteban Daniel iniciado en 2019 en la provincia de Jujuy donde dos cultivadores, que alegaban hacerlo para la producción de aceite, eran acusados por el delito de siembra y cultivo de cannabis. «Los imputados no ponían en riesgo la salud, sino que propendían a su resguardo y ejercicio efectivo, por medio del acto de autoprocurarse (para sí y para terceros familiares) un elemento conducente a mejorar su estado de salud –el aceite de cannabis-» afirma la sentencia.

En la justicia Nacional y Federal hay una segmentación muy grande, donde solo el 30% son mujeres. Y dentro de esa segmentación vertical, hay una segmentación horizontal, en donde a la vez son menos del 30% en las cámaras -en cargos de camaristas-.

La Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal que más sentencias con perspectiva de género tiene: más de 850, de los cuales Figueroa ha firmado el 70% de esos fallos. “Yo quiero ver los resultados en serio en una sentencia. No para la tribuna digo algo, y luego sanciono otro”, comentó en entrevista con el medio Tiempo Judicial.

Además de dictar clases en la Universidad Nacional de Rosario, en marzo de 2018 publicó su libro “Derechos de Género, Violencia y Trata”. Es actual coordinadora de la Comisión de Género y Justicia en Casación donde realizan seminarios de capacitación para todos los y las integrantes del Poder Judicial. También en 2021 inauguró el primer módulo de capacitación en la actualización de la Corte Suprema sobre la Ley Micaela.

El pasado 15 de febrero Organizaciones No Gubernamentales enmarcadas en materia jurídica, de derechos humanos y feminismo, enviaron una carta al Poder Ejecutivo para reclamar el envío al Senado del pliego que postule el nombre de una jueza para cubrir la vacante en la Corte Suprema, tal lo indica el art 99 de la Constitución Nacional.

El retraso supera los 30 días de plazo máximo para la postulación según lo indica el art.4 del decreto 222/2003, firmado por el mismo Alberto Fernández cuando era Jefe de Gabinete del presidente Néstor Kirchner. “Es fundamental que la candidata demuestre un compromiso probado con el Estado de derecho, los valores democráticos, los derechos humanos, con el principio de no-discriminación y con los derechos de las mujeres y los grupos más vulnerabilizados de nuestra sociedad. En particular, la candidata debe demostrar desempeño profesional y académico con perspectiva de género, es decir, consciente de la influencia que la diferencia en los roles, funciones y atributos asignados en una sociedad determinada a las personas en razón de su género ha tenido y tiene en la desigualdad de oportunidades en el acceso a la justicia y en el ejercicio de derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+”, expresa el comunicado de las ONGs.

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Por lo pronto, se ha fijado un cronograma de 37 audiencias a desarrollarse durante la primera parte del año. Todavía no se conocen las fechas específicas. Otros temas a tratar serán la preservación de especies en peligro y los conflictos de corredores inmobiliarios.

Las audiencias apuntan a “garantizar la participación ciudadana y la difusión del modo en que el Máximo Tribunal lleva adelante los procesos en que ejerce su jurisdicción”, según comunicó la Corte.

Durante las audiencias “se tratará el cuestionamiento a la constitucionalidad de la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales (exigencia prevista en el artículo 7 de la Ley 27.350 – de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados). Asimismo, se cuestiona la prohibición del autocultivo para consumo medicinal para menores de edad”, informó Ámbito.

Para conocer más sobre las audiencias públicas de la Corte Suprema haz click aquí. 

Nota realizada con información de ElPlanteo.com

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