Las organizaciones sociales han cumplido un rol central en el acceso al cannabis en la Provincia de Buenos Aires, sosteniendo durante años tareas de producción, acompañamiento a pacientes y generación de conocimiento en contextos de vacíos regulatorios.

Este proceso dio lugar a un sistema de hecho, donde el acceso existe, pero sin un marco institucional que garantice condiciones de equidad, calidad y trazabilidad. “No hay que reemplazar esa experiencia, hay que integrarla. Es el punto de partida», aseguró Magdalena.

Las ordenanzas municipales de cultivo comunitario reflejan esa construcción territorial: esquemas organizados que producen y abastecen materia vegetal con fines sanitarios, y que hoy conforman una red incipiente con anclaje local.

Sin embargo, la discusión actual ya no puede limitarse al reconocimiento del autocultivo o a respuestas parciales. Las dinámicas del REPROCANN, si bien buscan dar contención a una demanda creciente, conviven con una realidad más compleja: miles de organizaciones continúan sin reconocimiento formal, a pesar de sostener gran parte del acceso en los territorios.

“Hoy el sistema funciona de hecho, pero no de derecho.”
El desafío, entonces, ya no es solo habilitar, sino organizar. Esto implica pasar de un esquema basado en excepciones y permisos individuales a un modelo integral que articule producción, atención y acceso dentro del sistema público.

En este sentido, la Provincia de Buenos Aires se encuentra ante una oportunidad estratégica. Por su escala, su entramado territorial y su capacidad institucional, puede consolidar un modelo que integre salud, desarrollo productivo y organización del sistema.

Para que ese proceso sea sostenible, resulta imprescindible avanzar en esquemas de planificación que permitan ordenar el crecimiento, definir prioridades y garantizar la integración de los distintos actores.

“El cannabis es salud, pero también trabajo. Puede mejorar la calidad de vida y ordenar el gasto sanitario», explicó el profesional de la salud.

La transición de la emergencia a un sistema integrado no depende únicamente de reconocer lo existente, sino de construir una política pública que le dé marco, escala y continuidad.

“Sin la incorporación y formalización de áreas de endocannabinología dentro del sistema público de salud, desde los centros de atención primaria hasta los hospitales de mayor complejidad, el cannabis seguirá reducido a permisos individuales. Integrado al sistema, en cambio, puede convertirse en una política pública capaz de garantizar acceso, ordenar la producción y transformar la salud, el trabajo y la producción», concluyó Magdalena.