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Desde aquella iniciativa coordinada por el ministerio de Salud y firmada por el presidente Alberto Fernández, se autorizó el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (Reprocann): de 1 a 9 plantas florecidas por persona (etapa en que la planta muestra su flor) y la posibilidad de circular con 1 y 6 frascos de 30ml con aceite o hasta 40 gramos de flores secas.

Esta política pública también atiende el reclamo crucial de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que fueron las principales en reavivar constantemente el reclamo por la utilización de cannabis medicinal. La mayoría de ellas surgió de madres con hijos que padecen epilepsia refractaria, principal diagnostico donde el cannabis tiene mejores resultados que los tratamientos convencionales.

Hasta octubre 2023 se habían registrado 300 mil usuarios de cannabis medicinal y 42 ONGs a nivel país, cifras informadas por el ministerio de Salud. Las organizaciones tienen la posibilidad de incluir hasta 150 paciente y declarar más de un predio de cultivo. El trámite se realiza por el portal Mi Argentina, con la vinculación de un médico/a inscripto con el cual se haya realizado una consulta previa y posteriormente indicado tratamiento con cannabis.

Con la asunción del presidente Javier Milei, Argentina transita un recambio político y de funcionarios a nivel nacional. Con respecto a cannabis medicinal el nuevo gobierno no ha comunicado qué rumbo tomará: “Todavía no es un tema en agenda del ministro”, respondieron a este medio una fuente encargada de la comunicación del ministerio de Salud comandado por Mario Russo.

En los últimos días se registraron muchos reclamos de usuarios de cannabis medicinal con respecto a la renovación del Reprocann: “En mi caso la consulta de vinculación -por primera vez- con el médico e inicio del trámite lo realicé en noviembre del año pasado y aún figura en Pendiente de Evaluación”, indicó una paciente quien agrega que su pareja solicitó la renovación en junio y para agosto ya estaba aprobada.

A partir de abril 2023 el ministerio de Salud extendió la duración del registro de 1 a 3 años, ya para ese entonces la capacidad administrativa del programa se vio sobrepasada por la demanda de pacientes. La demora en la respuesta está establecida hasta 60 días hábiles, lo cuales en la mayoría de los trámites hoy se encuentran excedidos. Muchos de estos casos apelan a realizar un pedido de Pronto Despacho al ministerio para su respuesta, aunque sin éxito de igual forma.

Desde las ONGs la situación es similar, pasada la instancia de espera muchas decidieron acudir a la justicia mediante la Acción de Amparo. “La verdad es que hay mucha demora para ambas vinculaciones. No hay respuesta oficial desde el ministerio de Salud, no se están cumpliendo los 60 días hábiles”, explicó el abogado Nicolás D´Amico quien trabaja en representación de varias organizaciones cannábicas desde el estudio DPV Servicios Jurídicos y la cuenta de Instagram Tu Cannabis Legal.

“Con respecto a las ONG se están dejando vencer los pedidos de Pronto Despacho por eso estamos iniciando Amparos y tuvimos diferentes resultados: en algunos casos de asociaciones civiles las inscribían directamente; en otras no contestaban o en otras indicaban que faltaba algún formulario y le indicábamos que no era así que estaba presentando y después resolvían a favor”, comentó D´Amico y agrega que “no tienen un criterio unificado al contestar los amparos”.

Una ONG ya inscripta en el Reprocann, e integrante del último Consejo Consultivo Honorario del Programa, sufre la misma situación: “No nos están aprobando el ingreso de nuevos pacientes”, contó Mabel Canosa presidenta de Plantar y Crecer Libre organización que armó el consultorio cannabico en el Hospital Fiorito (Avellaneda) pionero en la red pública.

Desde la organización comentan que estarán elevando una carta al Programa exigiendo respuesta por los trámites sin respuesta, de pacientes y nuevas ONGs, que llevan más de 90 días. “A partir de Enero se cortó la comunicación la persona designada del Programa que nos respondía”, afirman desde la organización quienes además asesoran médicos para la vinculación y comentan que están en la misma situación sin respuesta por parte del ministerio.

Hasta el octavo piso del ministerio de Salud llegó este medio para consultar en la oficina del Reprocann por la situación del registro y fue atendido por una sola persona que se encontraba trabajando -la cual prefirió reservar su identidad- pero que estaba al tanto de las demoras. La explicación fue directa: “Se perdió el fin con el que se había pensado el Reprocann, en lugar de abastecer pacientes se está dispensando al público”. Fuentes cercanas al gobierno confirman off de récords que aún no hay personal designado y se tomarán los tiempos necesarios para auditar cada una de las solicitudes que lleguen.

En relación a la industria e investigación de cannabis medicinal varios organismos estatales como el Instituto Nacional de Semillas (INASE) o el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) funcionaron como auxiliares en los proyectos que luego recibían el visto bueno del ministerio de Salud. Al ser consultado los representantes designados para el tema cannabis de estos organismos, respondieron que desde diciembre no tuvieron nueva convocatoria a mesa de trabajo.

Sin embargo, quienes sí han recibido la convocatoria del gobierno por el tema cannabis medicinal fueron la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para ser consultados a cerca del programa Reprocann y cómo debería continuar. Allegados a la convocatoria deslizan la idea del gobierno de armar listado de patologías más acotado del presente para la prescripción de cannabis medicinal.

El presidente Javier Milei no se ha expresado sobre la cuestión cannabis medicinal aún pero sí quien lo ha hecho, aprovechado el silencio del libertario, fue Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad primerió la temática para resurgir un clásico de su gestión en la presidencia de Mauricio Macri: los allanamientos editados, con títulos resonantes y musicalizados al estilo Stallone.

En esta puja de poderes dentro del propio Estado, Bullrich dio el primer paso, y guiño mediante con el canal de televisión habitué del gobierno de la Libertad Avanza (LN+), logró mezclar narcotráfico con pacientes de cannabis medicinal. Así instaló el tema de las auditorias del Reprocann.

¿Qué pasa si circulo con el Reprocann vencido?

A raíz de las demoras acontecidas muchos usuarios/as tienen dudas sobre qué pasará si ante el control de una fuerza policial les pueden objetar la presentación del registro. Para la abogada activista, integrante de la Consultora Cannábica Feminista, Nadia Podsiadlo, la norma no aclara que sucede en caso de demoras en la renovación y eso produce un gris a merced de su interpretación: “En definitiva queda librado a la voluntad y decisión de quién va a llevar la causa judicial en la fiscalía y juzgado de narcotráfico. Si te toca un/a operador/a que cumple con lo que dice la ley y lo que dicen las garantías no debería haber consecuencias legales, pero ¿qué pasa si te toca alguien que opine todo lo contrario? En este caso se violaría la igualdad ante la ley del art 16 CN en donde ante la misma conducta se decide de manera distinta”.

Para la Defensora Publica Oficial Coadyuvante de Comodoro Rivadavia, Verónica Castillo, la recomendación es no transportar cannabis en viajes de larga distancia: “El atraso en las aprobaciones solo es adjudicarle al Estado Nacional que está en mora ante pedidos que se hicieron hace 60 o 90 días. No obstante, aconsejo, por la escasa capacitación de las fuerzas policiales y de seguridad, no llevar consigo cannabis en trayectos largos que impliquen ingresos a otras provincias”.

Para los integrantes de la Red Federal de Abogados/as Cannabicos/as, toda acción o iniciativa que pueda ser realizada para comprobar que se trata de una demora por parte del Estado y no una infracción, sirve al momento de enfrentar el control de una fuerza de seguridad: “Quedan abiertas una serie de vías a las que recurrir para no estar del todo desprotegidos. O pedidos de pronto despacho a la autoridad administrativa para agilizar los trámites, o bien una acción judicial de amparo, para que el derecho del usuario de cannabis medicinal sea protegido en el caso concreto a partir de la intervención judicial”, expresó Marcos Chigal, abogado, especialista en derecho penal.

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A poco más de 2 meses de realizada la audiencia pública, la Corte Suprema, por unanimidad, rechazó los planteos de inconstitucionalidad presentados por la asociación Mamás Cannabis Medicinal (Macame) contra las normas relativas al autocultivo de cannabis para consumo medicinal de menores a su cargo.

Además en el amparo presentado reclaman la inconstitucionalidad de los artículos 5 inc A,C, E y último párrafo así como el 14 de la Ley de Drogas 23737.

Así el Tribunal reafirmó que el autocultivo de cannabis con fines medicinales por parte de madres y padres que quieren atender la salud de sus hijos está despenalizado de acuerdo con las normas vigentes en la Argentina y entendió que es razonable el control del Estado para llevar un registro de esta actividad, mediante el Registro del Programa Cannabis (Reprocann).

En el fallo los magistrados interpretaron que la problemática debe abordarse desde el derecho a la salud y no al amparo del derecho a la intimidad como había argumentado, el abogado de las madres de Santa Fe, Domingo Rondina.

De esta manera se desechó la estrategia de Macame por intentar contemplar al autocultivo en el art.19 como ámbito privado en entorno familiar.

“Dichas medidas de control estatal constituyen una injerencia mínima que, lejos de proscribir el autocultivo con fines medicinales, lo someten a una regulación que se limita a asegurar cierta supervisión por parte del Estado, registrar el consentimiento del paciente y garantizar la intervención médica indispensable”, expresó la Corte en su fallo.

Con la respuesta de la Corte, el Registro del Programa Cannabis, en el marco de la ley de Cannabis Medicinal 27.350, fue considerado constitucional y continúa su desarrollo como política pública.

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En el amparo presentado reclaman la inconstitucionalidad de los artículos 5 inc A,C, E y último párrafo así como el 14 de la Ley de Drogas 23737. Aquí algunos recortes antojados para ejemplificar de la ley disponible: “Siembre o cultive plantas o guarde semillas”… “para producir o fabricar estupefacientes, o elementos destinados a tales fines”…“los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte”… “Entregue, suministre, aplique o facilite a otros”… “gratuito”… “el que tuviere en su poder estupefacientes”.

Hasta aquí el planteo podría ser considerado con un amplio consenso de las organizaciones, sobre todo de las que agrupan madres o cuidadoras de un familiar con necesidad de acceder al cannabis medicinal. Pero la defensa del Estado, representada entre otros actores, por el director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación, Dr Gaspar Tizio, expresó que la causa “devine abstracta”, ósea que la controversia fue extinguida, a raíz del decreto 883 del año 2020, donde se crea el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) con el fin de emitir la correspondiente autorización, a los y las pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. Planteo rechazado por la la organización MACAME.

Este es uno de los puntos neurálgicos que surgió de la audiencia: ¿El Reprocann es burocrático y discrecional?

Para el abogado Andrés Bacigalupo, integrante del portal Pensamiento Penal, el espíritu de la norma que intenta emitir el Reprocann muestra un sistema sencillo, la burocracia aparece después. “Por ejemplo la vigencia de un año, la tardanza en expedirse, la falta de capacitación de los médicos sobre cannabis medicinal en general, como así en las carreras de medicina”, y señala que muchas veces las nuevas reglamentaciones, cuando no son elaboradas y analizadas con el tiempo prudente pueden dejar grises: “el tema sobre si el cultivo era exterior, fue uno de los inconvenientes de la norma, que luego debieron salir a aclararlo”.

Al análisis, en referencias a los problemas burocráticos que se desprenden del Reprocann, también puede sumarse que la norma no se expide sobre el control del producto final, ni tampoco indica si el mismo Ministerio, que otorga la autorización, puede ser el controlador de dicho cultivo. Otro de los debates que subyacieron en torno al Reprocann es sí el consumo del cananbis medicinal, sobre todo combustionado (cigarrillo) puede darse en la vía pública.

En la Audiencia Pública el abogado Rondina, citó al Dr Macerlo Morante, coordinador del Registro de Cannabis, en medios de comunicación informando sobre la cifra de solicitudes y autorizaciones, alegando una desproporción y discrecionalidad: “en agosto de 2021 se realizaron 80 mil pedidos de inscripción y se autorizaron 32 mil, en marzo de 2022 fueron 155 mil las inscripciones que llegaron y aún se han autorizado menos de la mitad”.

Para el abogado de MACAME, el Reprocann funciona solamente como un registro que empadrona usuarios con la fragilidad de un decreto, por lo cual un cambio de política podría poner en peligro dicha base de datos. Si bien el Reprocaan no exige una especialización y cualquier médico/a matriculado puede recetarlo, lo cierto es que el o la profesional debe registrarse previamente en el sistema, este paso es la principal limitación de muchos profesionales a alejarse del trámite.

En línea con el argumento del abogado Rondina, varios usuarios y usuarias del Reprocann contestaron a este medio que realizaron el registro mediante una gestoría por el monto de 6 mil pesos aproximadamente, a cambio de los datos personales para obtener el registro. Otros tantos usuarios, realizaron los pasos personales y buscaron por redes sociales un médico o médica inscripto, abonaron la consulta médica alrededor de 4 mil pesos, que se realizó por videollamada, y luego esperaron la autorización.

Como se mencionaban anteriormente, del modo que muchos profesionales se alejan del registro otros evidencian en sus perfiles hasta diez o más autorizaciones expedidas por el Ministerio por día, esto nos deriva en el interrogante: ¿los profesionales con tantos pacientes continúan en contacto periódico para examinar la evolución del cuadro clínico?

Si bien es sabido que los efectos contraproducentes del cannabis son mínimos, y equiparables con los provocados por otros medicamentos, como nauseas, migrañas o sarpullido, no se está exento de la desinformación circulante y como el caso de la psicóloga Milena Pozo, donde una médica de guardia asoció síntomas con el consumo de aceite de cannabis sin haber hecho estudios que lo corroboren, lo cual derivó en una denuncia contra la psicóloga que le facilitó y recomendó el uso de aceite.

En síntesis el repaso que dejó la Audiencia Pública convocada por la Corte Suprema de la Nación, en torno al Reprocann, nos obliga a destacar que después de muchos años el Estado ha dado una respuesta a la cuestión socialmente problematizada –cultivo de cannabis medicinal-. Esa política pública todavía puede ser revisada en sus procesos, diagnóstico-solución-estrategia, cuál fue su posición, con qué recursos la abordó, qué alianzas implementó y si tuvo el impacto deseado o impactos secundarios.

El Estado, en búsqueda del bien común pero también de su propio interés, no es totalmente homogéneo así como las organizaciones que lo componen que disputan por la posición dominante. Toda regulación que se realice sobre la cuestión, tendrá burocracia porque es una de las características del Estado Moderno, la legitimidad basada en las normas y el apego a ellas. Por esto, hipotéticamente pero dentro de las posibilidades, una resolución de la Corte favorable a MACAME podría llevar a la despenalización del autocultivo, por ende sin regulación estatal.
Este medio contactó al coordinador del Reprocann para participar de la nota, pero no fue posible.

Otro de los puntos neurálgicos, contemplar al autocultivo en el art.19 como ámbito privado en entorno familiar.

Esto significaría que el Estado encuentra su límite de intromisión en las acciones privadas que no afecten al orden y la moral pública –por ende un tercero en cuestión-, como fue en el recordado Fallo Arriola (2009) donde no se penalizó el consumo personal de sustancia psicoactiva.

Esta posición desató la mayor intervención del tribunal compuesto por Rosenkratz, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti. Los ministros indagaron sobre si: ¿Los hijos/as para quien se elabora el cannabis medicinal, son terceros o usuarios directos? ¿Se plantea un derecho a la salud, lo cual implica una regulación estatal o derecho a la autonomía pero sobre terceros y el orden público?

Para el abogado Andrés Bacigalupo, estos son los puntos “más espinosos” por los que el caso llega a la Corte: “Si hablamos de Arriola, no podemos poner en el mismo el derecho a la salud. Arriola es claro en un aspecto, la tenencia de estupefacientes para consumo personal sin afección de terceros. Mi sensación es que la Corte no interpreta que el art.19 sea para terceros».

«Acá entramos en el camino de ampliar la palabra terceros. La jurisprudencia argentina nunca entró de lleno a analizar el consumo social, como es el caso de otro países», explica Bacigalupo. Este atraso está marcado por el prohibicionismo, que desechó a las sombras el uso y sobre todo la investigación del cannabis medicinal. Quizás la falta de evidencia científica haga, hipotéticamente pero dentro de las posibilidades, que una resolución de la Corte podría ser evitar sentenciar sobre lo que la ciencia aún no se haya expresado por consenso.

Para Rondina, abogado de MACAME, el problema del cannabis “es por el temor al estupefaciente a causa del prohibicionismo, vos me tenes que demostrar que el cannabis hace mal, porque las pruebas que aportamos son todas positivas y solo es contraproducente como otros medicamentos” y agregó “insisto en que no son terceros a sus madres, si bien técnicamente son, pero es un tercero en cual la madre puede decidir. Como cuando uno toma una decisión doméstica. Si no hay daño, no hay terceros”.

En su argumentación, Rondina referencia que la preparación de cannabis medicinal se enmarca en la preparación de productos naturales de efecto terapéuticos, como el tilo, el aloe vera para heridas, y “la cantidad de romero que se le pone al tuco”. “¿Usted está comparando con acciones culinarias?” preguntó sorprendido el ministro Maqueda. “Sí, son saberes del orden cultural que integran un capital simbólico que identifica similares características de ancestralidad y sabiduría”, respondió Rondina.

Esta comparación podría parecer “disparatada”, pero en la estrategia de judicial cobra mayor sentido. Si el cultivo de cannabis medicinal con fines medicinales, es percibido de forma compleja y rigurosamente técnico, allí cabría la regulación estatal y la apropiación de los laboratorios para su certificación.

De aquí se desprende la participación del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF) de la provincia de Santa Fe, como Amigos del Tribunal. La representante del Directorio, Elida Formente, contó la experiencia de analizar, estandarizar y producir bajo normas estándares de fármaco vigilancia y gestión de riesgos–al momento con material vegetal importado- cannabis medicinal. Sumando que proyectan realizar cultivo experimental junto al INTA.

La decisión ahora está en manos de la Corte Suprema de la Nación, quien escuchó durante tres horas y media a los y las exponentes, y no tiene plazo para fallar. La discusión está muy centrada en menores que no pueden expresar su voluntad, y los ministros difícilmente firmen una acordada que en el futuro la ciencia pueda darle un revés. Un mayor interrogante es la posición que tome en cuanto a la Ley de Cannabis Medicinal 27.350 y sus decretos reglamentarios (Reprocann), donde podría exigir al legislador que el Registro encuentre una etapa superadora.

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Por lo pronto, se ha fijado un cronograma de 37 audiencias a desarrollarse durante la primera parte del año. Todavía no se conocen las fechas específicas. Otros temas a tratar serán la preservación de especies en peligro y los conflictos de corredores inmobiliarios.

Las audiencias apuntan a “garantizar la participación ciudadana y la difusión del modo en que el Máximo Tribunal lleva adelante los procesos en que ejerce su jurisdicción”, según comunicó la Corte.

Durante las audiencias “se tratará el cuestionamiento a la constitucionalidad de la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales (exigencia prevista en el artículo 7 de la Ley 27.350 – de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados). Asimismo, se cuestiona la prohibición del autocultivo para consumo medicinal para menores de edad”, informó Ámbito.

Para conocer más sobre las audiencias públicas de la Corte Suprema haz click aquí. 

Nota realizada con información de ElPlanteo.com

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En el contexto de una semana, donde todavía continúan las novedades por el episodio que llamamos mediáticamente “droga envenenada” (21 muertos en hospitales y 3 en domicilios, más de 80 hospitalizados) en la zona noreste del conurbano bonaerense, diputadas encabezadas por Carolina Gaillard, del bloque Frente de Todos, presentaron un nuevo proyecto para modificar la Ley de Drogas.

El foco está puesto en la despenalización del consumo personal de estupefacientes, amparado en el Fallo Arriola de la Corte Suprema año 2009 indicando que el artículo 14 –de la Ley de Drogas-, que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal, es incompatible con el principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional que protege las acciones privadas que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero.

“Esperemos que lo qué pasó sirva para impulsar el debate y que no sigamos postergando una discusión necesaria y urgente como es la modificación de la Ley de Drogas”, expresó Gaillard a este medio. El pedido de la diputada va en consonancia con las declaraciones de los ministros de Seguridad, tanto de Nación como PBA, admitiendo que la famosa “Guerra contra las drogas” fracasó.

Para el caso del cannabis- para todos sus fines- el proyecto establece que el consumo personal quedaría fijado en los límites, que hoy tiene el REPROCANN con fin medicinal, de 40grs de flores y 9 plantas. Fuera de este parámetro, que agregaría además la posibilidad de tener semillas, resinas y derivados, la pena fuera del uso personal será de 2 a 6 años de prisión.

Para el autocultivo, para sí o para terceros inscriptitos en el REPROCANN, el proyecto extrema los requisitos por los cuales un juez podría llegar a emitir una orden de allanamiento o las fuerzas de seguridad demoran a usuarios en la vía pública -sospechando fines comerciales-. Hechos que en la actualidad se repiten a diario. “Deberán abstenerse el poder judicial y las fuerzas de seguridad de iniciar causas, detener y decomisar cultivos. Y en el caso de presunción de otros delitos, se deberán extremar los cuidados para que el procedimiento preserve los cultivos sin alterarlos”, indica su redacción.

Además se busca instruir a jueces y fiscales, fuerzas de seguridad, en el orden nacional, provincial y municipal sobre los principios de no discriminación, no persecución y no criminalización, a los usuarios de cannabis y sea entendido como un derecho humano a la salud. La falta de licencia para el autocultivo por sí misma no deberá ser interpretada como delito de comercialización. Y por último sobre cannabis, agrega que previo a una medida de coerción, como el caso de un allanamiento, se deberá revisar registros del REPROCANN, para conocer si la persona está vinculada, certificar en ANSES que la persona no tenga certificado de discapacidad y reconocer circunstancias de vulnerabilidad de género y pobreza como atenuantes de responsabilidad, sobre todo en la población de mujeres y personas trans.

El proyecto impulsado por Carolina Gaillard que acompaña con las firmas de: Mónica Macha, Blanca Osuna, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovic, Jimena López, Itaí Hagman, Mabel Caparrós, Lucila Masin y Mara Brawer, ya tiene estado parlamentario por lo que puede tratarse a partir de marzo 2022 en sesiones ordinarias. Una de las comisiones por donde seguramente pasará el proyecto será Legislación Penal.

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A dos de meses del injusto allanamiento, Danilo cuenta orgullosamente que forma parte del grupo Presos y Presas por Plantar (PPP Arg), un esquema solidario que conecta personas cursando detención o causas judiciales por plantar para tratar de ayudarse tanto en conseguir asesoramiento legal, dar información sobre el exterior, contener y ser un puente familiar.

“Sin darme cuenta todo lo que hice por la planta me está volviendo. El caso me empujó al activismo”, afirma Danilo. De bajo perfil, dedicaba su tiempo libre al invernadero que armó de forma muy prolija y aplicada para cultivar, pero la reconversión del episodio lo impulsó a profundizar su relación con la planta: “No lo puedo creer, siempre cultive muy tranquilo sin tanto idealismo, pero esto me terminó de posicionar y tomar una postura más convincente con lo que creo”.

«El caso me empujó al activismo. Esto me terminó de posicionar y tomar una postura más convincente con lo que creo”

Danilo Venegas, imputado.

El naciente Grupo PPP, conformado haces dos meses, busca exponer los casos injustos para que tomen relevancia y visibilidad en la comunidad cannábica: “Muchos detenidos y detenidas hacen lo que pueden, con lo que pueden, porque en muchas cárceles no permiten el uso de celulares. Por eso decidimos hacer todos los jueves un vivo exponiendo un caso, con un familiar, referentes de organizaciones de la zona y un abogado o abogada abocada al tema”, nos explica la abogada Nadia Gabriela Podsiadlo, quien representa a PPP Arg.

«Decidimos hacer todos los jueves un vivo exponiendo un caso, con un familiar, referentes de organizaciones de la zona y un abogadx abocado al tema”

Nadia Podsiadlo, abogada.

Presos y Presas por Plantar está en crecimiento, su lema “Basta de presxs por cultivar” es transversal a todos los movimientos y agrupaciones cannábicas, tanto es así que en el país vecino les confirmaron que se está formando PPP Uruguay. La figura legal que se les imputa a todos los y las detenidas por plantar es la tenencia con fines de comercialización por la ley 23.737, que conlleva una pena grave de 4 a 15 años de prisión.

Una de las últimas publicaciones del grupo, convoca a marchar al Congreso para cuando Diputados vote la ley de que establece el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, aprobada con media sanción por el Senado.
“Creemos que es momento oportuno para solicitar no más presos y presas por plantar. No puede haber regulación con presos, exigimos un indulto ya”, agrega Podsiadlo.

El allanamiento a Danilo Venegas

“Necesitamos llevarnos las plantas”, fue la indicación del oficial cuando Danilo intentaba explicarles que tenía autorización del ReProCann. A partir de allí, el joven entendió que las fuerzas de seguridad tenían que llevarle, al juez Federal Hugo Greca, la orden impartida: “Después se lo explicas al él eso del registro”, lo callaron. “Entraron gritando y apuntándome con armas, rompieron todo el invernadero”, recuerda Danilo, quien además sufre ataques de pánico, diagnostico por el cual hoy tiene habilitada su licencia como paciente. El 14 de mayo, cuando fue allanado, Danilo tenía el certificado que lo avalaba a cultivar para su abuelo que sufre de artrosis, como cultivador solidario.

Danilo vuelve a aquel día y recuerda, que él se ofreció a sacar las plantas prolijamente para que no se rompan, pero no lo dejaron. Desde el desconocimiento que tienen las fuerzas de seguridad sobre el avance del autocultivo, los agentes contabilizaron 3 plantas en vegetación y 7 plantas en flora. “Entonces son 10”, a lo cual el joven intentó explicarle que solo se deben contar las florecidas, como indica el ReProCann, pero obtuvo como respuesta: “Me chupa un huevo, no soy perito”. Algo que si los agentes estarían instruidos, quizás lo hubieran entendido.

El tortuoso día para Danilo terminó con el show mediático de los diarios locales que rápidamente se hicieron eco del caso para titular mediáticamente: Golpe al narcotráfico.
“Me sacaron a la vereda para que toda la gente me vea, los medios locales me grabaron esposado y les dije, ‘me están cagando la vida´”.

Por su trabajo en la política local, Danilo logró contactarse con el ministerio de Salud, quien autoriza los registros en el ReProCann, más precisamente con el Dr. Marcelo Morante, del cual se desprende el dato que el organismo recibe de dos a tres oficios por día consultado si corresponde el certificado con la persona denunciada, pero el caso de Venegas nunca llegó. Por suerte para él, pero no para muchos otros y otras, la detención fue por un par de horas.

Sobre el contexto político es preciso mencionar, que el actual senador de Río Negro, Alberto Edgardo Weretilneck, representó el discurso prohibicionista del último siglo durante la votación en la Cámara alta del proyecto de industrialización: “una droga más dañina que el alcohol y que de trata de una droga de inicio. No estoy de acuerdo en sumarme a ese mensaje de que la marihuana no tiene impacto negativo en las personas”.

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Después de cuatro meses de haberse conformado el Consejo Consultivo, la nueva reglamentación vio la luz, satisfaciendo la demanda que no suplía la implementación anterior: gratuidad por parte del Estado y autocultivo personal y solidario de terceros. Además otorga la posibilidad de adquirir aceites y preparados elaboradas en el país o importados en farmacias.

Con esta autorización, Argentina se suma a la lista de los países que permiten el autocultivo en el domicilio del usuario, el cultivo solidario realizado por familiares a cargo o tercera persona y por asociaciones civiles de forma solidaria. Aún no se ha definido la cantidad de plantas permitidas y los detalles del contenido de CBD y THC.[/vc_column_text][image_with_animation image_url=»5999″ animation=»Fade In» hover_animation=»none» alignment=»» border_radius=»none» box_shadow=»none» image_loading=»default» max_width=»100%» max_width_mobile=»default»][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid» bg_image_animation=»none»][vc_column_text]

El Registro del Programa de Cannabis (Reprocann)

Según el artículo 8 de la nueva reglamentación, se crea el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), el cual autorizará el cultivo para “ los y las pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de Cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor”.
Los y las pacientes pueden inscribirse en el registro de forma personal, pero también a través de “un o una familiar, una tercera persona o una organización civil” autorizada por el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación de la normativa.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid» bg_image_animation=»none»][fancy-ul icon_type=»font_icon» icon=»icon-th-large» color=»Accent-Color» alignment=»center» spacing=»20px»]

La prescripción médica

El decreto reglamentario sancionado durante el macrismo contemplaba el acceso al cannabis medicinal solo para aquellos pacientes con epilepsia refractaria. En el nuevo texto publicado en el Boletín Oficial, se establece que podrán acceder al tratamiento aquellas personas que cuenten con la prescripción médica y con una patología para la cual exista evidencia científica de que el cannabis y sus derivados pueden aliviarla.[/fancy-ul][fancy-ul icon_type=»font_icon» icon=»icon-th-large» color=»Accent-Color» alignment=»center» spacing=»20px»]

Compra en farmacias

El artículo 7 indica que “los y las pacientes que tuvieren indicación médica para el uso de la planta de Cannabis y sus derivados podrán adquirir especialidades medicinales elaboradas en el país, importar especialidades medicinales debidamente registradas por la autoridad sanitaria o adquirir formulaciones magistrales elaboradas por farmacias autorizadas u otras presentaciones que en el futuro se establezcan”.[/fancy-ul][fancy-ul icon_type=»font_icon» icon=»icon-th-large» color=»Accent-Color» alignment=»center» spacing=»20px»]

Cultivo impulsado desde el Estado

El Ministerio de Salud también “creará las condiciones necesarias para garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios y facilitar la investigación médica y/o científica de la planta de Cannabis y sus derivados”. De esta manera, tanto el Inta como el Conicet quedan autorizados para cultivar y el Instituto Nacional de Semillas (Inase) “regulará las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de esta especie que permitan la trazabilidad de los productos vegetales”.

El texto publicado en el Boletín Oficial sostiene que uno de los objetivos es promover las investigaciones clínicas y aquellas realizadas por “el Conicet, otros organismos de ciencia y técnica, Universidades, organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas, nacionales, provinciales y municipales, relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de la planta de Cannabis y sus derivados”.[/fancy-ul][/vc_column][/vc_row]

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