El IMiBio nació en 2018 como un ente provincial dedicado a la investigación, conservación y regeneración de la selva paranaense. “Somos un equipo multidisciplinario con dos sedes: la científica en Puerto Iguazú, cerca de investigadores de la triple frontera”, explica Restelli.

El instituto administra el Protocolo de Nagoya, el acuerdo internacional que regula el uso ético y justo de recursos biológicos y genéticos. “Evaluamos solicitudes, protocolos y la cantidad de individuos a utilizar. Aprobamos o no los proyectos”, detalla la Dra. Lucía Acuña, quien insiste en que entienden la salud como un sistema integrado.

En contraste con organismos nacionales como el CONICET, el IMiBio depende exclusivamente del financiamiento provincial, lo que le garantiza autonomía y continuidad en este contexto de desmantelamiento de la ciencia a nivel nacional.

No sorprende: Misiones fue la primera provincia en crear un Ministerio de Ecología y hoy protege el remanente más grande de Selva Atlántica interior. “La conservación siempre fue un eje. Somos una provincia joven que legisló temprano sobre el uso de la tierra”, resumen.

En ese ecosistema institucional, también se reconfiguran roles y liderazgos. “Un 60% del instituto somos mujeres y disidencias: acá el liderazgo femenino tomó un rol muy importante”, dice Florencia.

La presidenta del IMiBio, Viviana Rovira, encabeza un equipo que viene consolidando una mirada de ciencia situada en la región. Esa línea de trabajo conversa con experiencias como la de María Eugenia Suárez, doctora en Ciencias Biológicas que recopiló, junto al pueblo wichí del Gran Chaco, una farmacopea con 115 especies y más de 400 usos medicinales.

Son antecedentes que delinean un linaje de investigación pública sin extractivismo, donde el conocimiento de los territorios es parte del futuro posible.

El proceso que derivó en la ley es largo y colectivo. Allí aparece el nombre de Gabriela Flach, productora, referente feminista e impulsora del movimiento micológico en la provincia. Cuando Florencia la nombra, se emociona. “Perdimos a la mejor de todas nosotras”, dice, mira hacia arriba y lanza un beso. “A ella le hubiera encantado vivir esto.

Con la ley se abre la oportunidad de formalizar terapias que ya existen, que ya acompañan, que ya alivian”. La norma no sólo establece un marco regulatorio: habilita la articulación con comunidades rurales, productores, profesionales de la salud y usuaries que hace tiempo recurren a estas prácticas. Es una forma de que el conocimiento que ya circula —en talleres, en montes, en patios, en cuerpos— se vuelva política pública.

La articulación es el corazón de esta ley, destaca la diputada. El IMiBio aporta la capacidad científica, de formación y tecnológica —incluida la creación del Banco de Cepas y la conservación de especies—, mientras que el Ministerio de Salud Pública garantiza el enfoque sanitario, ético y regulatorio.

Ambos organismos trabajarán de forma coordinada con universidades, centros de investigación y empresas locales, para desplegar una red provincial de innovación en salud y biotecnología fúngica.

“La idea no es que la ciencia quede encerrada en un laboratorio, sino que circule en el territorio y mejore la vida de nuestra gente”, destacó la diputada Astrid Baetke.

Información vía PAGINA 12.