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La administración de Axel Kicillof brindó formaciones a las fuerzas de seguridad sobre la Ley 27.350 y el Reprocann para detener las demoras a los usuarios autorizados.

El gobierno de Buenos Aires brindó una capacitación a más de 50 oficiales de la policía bonaerense sobre cannabis, con el objetivo de que las fuerzas de seguridad conozcan las normas en vigencia que avalan el cultivo, tenencia, transporte y uso medicinales de la marihuana. La instancia de formación busca contrarrestar la reciente seguidilla de casos de usuarios legales injustamente demorados por los efectivos, según informa THC Cultura Cannábica.

La actividad, llevada a cabo en la Escuela Juan Vucetich, se enmarca en el Operativo Sol 2022 que impulsa la gobernación de Axel Kicillof. “Los contenidos que se brindaron son sumamente necesarios para evitar la vulneración de los derechos de las personas; particularmente, el derecho a la salud”, informó la administración provincial a THC. Además, el encuentro hizo foco en respetar las inscripciones al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), validadas por la Ley nacional 27.350 de cannabis medicinal.

Cabe destacar que es la primera vez que una capacitación de esta índole se realiza a las fuerzas de seguridad en la Argentina. Además, el gobierno bonaerense organizó otras jornadas similares dirigidas a funcionarios judiciales de la Provincia. Las actividades fueron desarrolladas por los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, a través de las subsecretarías de Formación y Desarrollo Profesional y de Política Criminal respectivamente.

Capacitación: detalles, temas e inquietudes

La capacitación sobre el marco normativo del cannabis medicinal brindada a la policía bonaerense se refirió a temas como el “cambio cultural” que se produjo durante los últimos años y se patentó en la nueva legislación. Al respecto, el gobierno provincial detalló que “fueron recurrentes las preguntas en torno a cómo desandar prácticas ya instituidas”. Sobre ello, las autoridades remarcaron que el contexto actual contrasta con el “panorama eminentemente prohibicionista” de antaño.

En síntesis, el encuentro pretende que las fuerzas de seguridad cesen la persecución criminal a las personas que ejercen su derecho a la salud. En este sentido, la gobernación de Kicillof subrayó la importancia de implementar correctamente la Ley 27.350 de cannabis medicinal. Además, la actividad hizo foco en respetar las autorizaciones que provee el Reprocann, contempladas en la mencionada norma.

A su vez, la administración planteó: “Desde la dirección de Lucha contra la Narcocriminalidad de la subsecretaría de Política Criminal se vienen realizando análisis sobre distintos aspectos de la política criminal en materia de drogas, así como también propuestas específicas para optimizar las intervenciones estatales”. En esta oportunidad, tomaron parte expertos en temas científicos, jurídicos y de política criminal.

Los especialistas que condujeron la capacitación fueron la defensora oficial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Victoria Baca Paunero; el director provincial de Investigaciones y Análisis Criminal de la subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal, Christian Martínez Cuesta; y la directora de Lucha contra la Narcocriminalidad de la subsecretaría de Política Criminal, Lucía Fasciglione. También participaron Aramis Lescano, en representación de la susodicha subsecretaría; Marcelo Morante, médico y director del Reprocann; y Daniela Sedan, investigadora del Conicet.

Un año de capacitaciones multiactorales

Por su parte, la gobernación de Kicillof informó a THC que planea continuar con un año de formaciones sobre cannabis medicinal como la capacitación que recibió la policía bonaerense. En concreto, señaló que ya desarrolló tres actividades similares que tuvieron como foco a funcionarios judiciales. A ese fin, las autoridades indicaron que buscarán incorporar a más y más diversos actores a los encuentros.

Asimismo, el gobierno subrayó la necesidad de aunar criterios y articular los organismos y entidades del sistema penal para generar un accionar común seguro. “La mejor manera de abordar la cuestión es a partir del trabajo interagencial y multiactoral. Se habla de derechos cuyo respeto depende del trabajo de varias agencias estatales, y también del compromiso de las personas”, aseveró la gestión provincial.

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