“El Estado sigue criminalizando y las estadísticas muestran un aumento de personas presas por cannabis, en provincias como La Rioja o Formosa ni siquiera se realizan marchas por temor a la represión”, afirmó Paz e indicó que si bien hubo algunos avances normativos, “la regulación sigue siendo confusa, INASE vuelve a trasladar responsabilidades a la ARICCAME, que no habilita licencias, genera incertidumbre”.

Por su parte, Martin Acuña, de MACCU CLUB en Santa Cruz, aseguró que vienen trabajando “fuertemente en lo que es el territorio”. “Sentimos que es necesario aunar nuestras voces, las organizaciones y todo el colectivo cannábico que está trabajando en Santa Cruz se une para acompañar a la marcha el sábado”, indicó.

“Es muy importante la federalización de toda la marcha para poder acompañar en un montón de situaciones que están pasando a lo largo y ancho del país, allanamientos en criaderos, ONGs, a cultivadores y a un montón de actores que vienen acompañando”, aseguró Acuña y agregó: “Hay que acompañar desde este lado y aunar todas las aristas que componen la marcha nacional”.

Nermi Zappia, referente cannábica e integrante de la Asociación Cultural y Club de Cultivo Cannábico Jardín del Unicornio, señaló que ser cannabica/o siempre fue y es un reto dentro de una sociedad que “expulsa y no abraza, cuando sos diferente al resto. A eso se le suma que tenemos una ley, la 23737, que impulsa la persecución penal estatal”.

“Con el comienzo de este nuevo gobierno que persigue y reprime cualquier manifestación cultural, ante este escenario represivo, reaccionamos con flores, humos y organización pacífica, siguiendo con nuestra Marcha Nacional de la Marihuana que llevamos 15 años realizandola”, aseguró la activista y agregó: “La Comunidad Cannábica no es perfecta, pero si es solidaria y nos acuerpamos, y nos esperanzamos en esto para esperar un gran reclamo Nacional”.

La Ingeniera Agrónoma, Ruth Noriega, sumó su voz y contó que en el último año, toda la comunidad cannábica quedó expuesta a una inseguridad jurídica que no debería existir bajo el marco de la Ley 27.350 y la Ley 27.669. 

“Yo misma, como ingeniera agrónoma matriculada y responsable técnica, atravesé una causa penal en Catamarca por actividades completamente respaldadas por ambas leyes”, afirmó.

Noriega explicó que si bien hoy esa causa tiene falta de mérito, deja en evidencia un problema estructural: “si la cadena productiva no está claramente definida y no existen lineamientos regulatorios operativos, las fuerzas que intervienen tampoco

pueden estar correctamente capacitadas. La falta de claridad institucional termina habilitando intervenciones erróneas que afectan directamente a personas reales.

“Y por eso también marcho, porque detrás de cada irregularidad institucional hay alguien que la pasa mal. Un usuario que se queda sin su medicina, un proyecto frenado, un productor criminalizado o una organización comunitaria puesta en riesgo”, sentenció.

Por último, la abogada Nadia Podsiadlo, indicó que el contexto actual “no es el más propicio” ya que hay demoras o falta de aprobaciones de las autorizaciones del Reprocann, sumado a la readecuación de las asociaciones civiles y la suspensión de nuevas habilitaciones de INASE renovadas a cuenta gota trimestralmente más la intervención de la ARICCAME, “pese a todo este panorama hay que aclarar que las legislaciones sobre cannabis que actúan como excepción a la ley penal siguen vigentes y no se han derogado”.

“Creo que la marcha es una herramienta poderosa para reclamar derechos adquiridos, recordando que hay que seguir agotando todas las vías para que ese gris, vacío o falta de norma impidan que se aplique la ley de drogas y que de una vez por todas la planta sea liberada”, aseguró.